Los alcaldes tránsfugas de Gondomar obstruyen una orden de demolición

Los alcaldes tránsfugas de Gondomar -Alfonso de Lis por las mañanas y el titular, Martín Urgal, como regidor vespertino- están ignorando los requerimientos judiciales interesados en el derribo de una vivienda unifamiliar cuya licencia de construcción ya le costó a Carlos Silva, el alcalde del PP en el anterior mandato, su expulsión de la política. No es el único vínculo. La petición de la licencia fue tramitada, para su hija, por Jaime Fernández, auxiliar administrativo del departamento municipal de Urbanismo y, entonces, responsable del Registro y custodio o mero porteador de la carpeta con los documentos a firmar por el alcalde. Su testimonio en otro juicio celebrado contra Silva por falsedad documental contribuyó a que el ex alcalde esquivara la cárcel que el fiscal pedía para él. Ahora, los requerimientos del juzgado sobre esa vivienda salen de Urbanismo para su tramitación en la Alcaldía, único órgano competente en el procedimiento, pero ninguno regresa a Urbanismo con la firma de Urgal o De Lis para continuarlo.

Silva y compañía dieron centenares de licencias sin cobertura legal

Un funcionario de Urbanismo tramitó para su hija el polémico permiso

La demolición de la vivienda, construida en Cruceiro-Donas, fue ordenada en febrero de 2008 en sentencia que el Tribunal Superior de Galicia (TSXG) confirmó en julio del año pasado: la casa no cuenta con amparo normativo, ni en el plan general de urbanismo de 1997, anulado por el TSXG en 2001 y por el Tribunal Supremo (TS) en 2005, ni en la normativa autonómica sustitutoria. Es lo que sucede con centenares de construcciones en Gondomar. Pero la licencia para esa casa de Cruceiro fue otorgada por la junta de gobierno que presidía Carlos Silva el 17 de enero de 2006, fecha que pone un punto de inflexión en la gestión urbanística local.

La junta de gobierno, desentendiéndose de las sentencias judiciales, había otorgado hasta entonces licencias a mansalva. Un pequeño lote de ellas condenó a todos sus miembros en primera instancia por prevaricación continuada, aunque la Audiencia Provincial estimó que la prevaricación solo estaba suficientemente probada en la licencia tramitada por Jaime Fernández, que, según él, no fue la última: "Se concedieron licencias hasta mayo de 2006", asegura.

El Gobierno local del PP había respondido a la anulación del plan de 1997 con sucesivas maniobras de distracción que usó hasta la extenuación para no reconocer las órdenes judiciales. Primero, porque la sentencia del TSXG no fue firme hasta que la confirmó el TS y, cuando esto sucedió, en febrero de 2005, el pleno municipal amañó la continuidad del plan con una supuesta corrección de las lagunas señaladas en las sentencias para anularlo.

Hasta el 16 de enero de 2006 no hubo manera de que Silva y compañía se dieran por enterados de que estaban actuando ilegalmente. El requerimiento de la Xunta para que anularan el acuerdo plenario que mantenía la vigencia del plan fue ignorado porque llegó (por Registro) fuera de plazo, y los posteriores autos del TSXG (del 21 de noviembre de 2005 y 10 de enero de 2006) que ordenaban el cese tajante de licencias cayeron en un limbo, hasta que el último de ellos, sin saberse cómo, apareció sobre la mesa de la secretaria municipal, que ese mismo día trasladó su contenido a un informe advirtiendo a los ediles de los riesgos penales que estaban asumiendo. Pese a ello, otorgaron la licencia de Cruceiro.

La orden de demolición, aunque deriva de ese correoso caldo de cultivo, no es consecuencia directa del mismo, sino de la encarnizada hostilidad de dos hermanos que "están a despedazarse en los tribunales". Jaime Fernández es uno de ellos. Entró en el ayuntamiento como secretario particular de Ramón Sestelo, el alcalde que precedió a Carlos Silva, y continuó dos años (de 1999 a 2001) al servicio de este; después pasó a Urbanismo.

En el juicio por falsedad documental contra Silva, celebrado en mayo de este año, Fernández testificó a favor del ex alcalde. Los documentos que le inculpaban se trapichearon en bares del pueblo, a 500 euros la pieza, según sus compradores, y certificaban una falsa antigüedad de viviendas para dejar constancia de la prescripción de obras ilegales realizadas en ellas. Tampoco aquí pudo aclararse en qué momento, en qué lugar ni por qué mano se introducían en la carpeta de firmas que Fernández presentaba a Silva.