Portugal saca la artillería anticrisis

"Apunten una fecha: 29 de septiembre de 2010. El día que fue declarada la quiebra oficiosa del Estado portugués", escribía ayer el novelista Miguel Sousa Tavares en su columna semanal en Expresso. El miércoles pasado, 29 de septiembre, poco antes de la hora de la cena, el primer ministro José Sócrates, acompañado del ministro de Finanzas, anunció un drástico plan de ajuste para reducir el gasto público en 3.420 millones de euros y aumentar el ingreso fiscal en 1.700 millones. Total, un ahorro de 5.120 millones de euros para el año 2011, que debería rebajar el déficit de 7,3% al 4,5% del PIB, objetivo que el Gobierno portugués se ha comprometido a cumplir ante Bruselas.

El conjunto de medidas anunciadas por el jefe de Gobierno socialista forman parte de los Presupuestos del Estado para 2011, que el Ejecutivo presentará en la Asamblea de la República el 15 de octubre. Hasta entonces, Sócrates, en minoría parlamentaria, tendrá que convencer al conservador Partido Social Demócrata (PSD), principal fuerza de la oposición, para votar a favor de los Presupuestos o abstenerse. Tarea no imposible, porque lo contrario abriría una grave crisis política.

El Ejecutivo busca credibilidad y que bajen los intereses de la deuda

Las pensiones se congelarán y los funcionarios ganarán un 5% menos

Lo que Sousa Tavares describe como quiebra oficiosa es, en realidad, el tercer plan de ajuste que el Gobierno promueve en lo que va de año, después del Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC) aprobado en marzo y a las medidas adicionales de mayo (PEC II). ¿A la tercera va la vencida? Esta es la apuesta ante una situación insostenible, en la que el Estado está en un callejón sin salida, acorralado por unos intereses disparatados para pagar la elevada deuda acumulada año tras año.

Según los primeros cálculos, 3,6 millones de portugueses perderán poder adquisitivo con las medidas que acaba de anunciar el Gobierno, que incluyen recorte de salarios de funcionarios, de prestaciones sociales y congelación de pensiones. El colectivo más numeroso que sentirá los efectos del plan será el de los jubilados. Las pensiones de más de 2,3 millones de personas -desde las más generosas a las sociales (189 euros) y las mínimas (entre 249 y 379 euros)- serán congeladas. El ajuste más duro será para los 675.000 empleados públicos, a los que la tijera recortará entre el 3,5% y el 10% (5% de la masa salarial) los sueldos a partir de 1.500 euros al mes, y también una serie de deducciones y beneficios fiscales.

El paquete de austeridad contempla también el congelamiento del subsidio que beneficia a 150.000 familias de menos recursos.

El aumento de impuestos, como el del rendimiento de las personas físicas (en un punto) o el IVA (del 21% al 23%) afectará al conjunto de asalariados. Esta última medida, que coloca a Portugal a cinco puntos de España, ha sido recibida con inquietud por las asociaciones patronales y las pequeñas y medianas empresas, que temen un estrangulamiento del mercado interno y un aumento de la economía informal. José Alves de Silva, presidente de la Asociación Nacional de Pymes, es categórico al afirmar que "cuanto más aumenten los impuestos, más crecerá la economía paralela, que ya representa el 30% en Portugal", y estima que el nuevo aumento del IVA, que se sitúa cinco puntos encima del español, será un factor que reducirá la competitividad con el vecino ibérico.

Para cumplir el compromiso con la Unión Europea de terminar el año con un déficit público del 7,3%, el Gobierno recurrirá a una medida adoptada en anteriores ocasiones en Portugal: la captación de fondos de pensiones que están fuera del ámbito de la Seguridad Social. En esta ocasión, la operación consistirá en transferir al Estado tres fondos de inversión de Portugal Telecom (PT), empresa paraestatal, que permitirá el encaje extraordinario de 2.600 millones de euros. Sócrates aseguró en el Parlamento que la operación tendrá todas las garantías para los contribuyentes, después de una evaluación por parte de dos instituciones para comprobar que los fondos están debidamente capitalizados.

"Ningún contribuyente verá su dinero destinado a pagar una pensión de PT", dijo el primer ministro. Los partidos de oposición desconfían de una operación de la que se desconocen muchos detalles, como por ejemplo si la transferencia será en dinero o en activos.

Como era de prever, los sindicatos rechazan frontalmente el plan de ajuste, y la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), principal central en la órbita del Partido Comunista, ha convocado una huelga general para el 24 de noviembre, a la que invita a sumarse a la UGT, socialista. Un escenario conocido en Grecia y España, cuyos Gobiernos se han visto obligados a aprobar drásticas medidas de austeridad.

Los males de la economía portuguesa vienen de lejos, y rebasan ampliamente la responsabilidad del actual Gobierno: falta de inversión, de productividad y de competitividad. Males con raíces tan profundas, que llevan al escritor Sousa Tavares a concluir que el Estado "no quiere decir que está definitivamente muerto y que no renazca en la próxima oportunidad, en las próximas elecciones. Pero, al menos, ya todos sabemos que, según el mejor diagnóstico médico, el paciente no tiene cura: la enfermedad es terminal".