Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Educación cambia la ley para frenar las cuotas ilegales en los concertados

Álvarez de la Chica: "La enseñanza es radical y rotundamente gratuita"

La Consejería de Educación no quiere dejar un centímetro para la duda: la imposición de cuotas por recibir la enseñanza obligatoria en los colegios concertados no está permitida. La Administración está elaborando un nuevo decreto de escolarización, en el que se incluirá la prohibición expresa de cobrar estas aportaciones, salvo que sean voluntarias y para determinadas actividades extraescolares, complementarias y algunos servicios, tal y como ya se recoge en la Ley Orgánica de Educación (LOE).

"No hay ninguna circunstancia por la que se pueda imponer el abono de una cantidad", dijo ayer el consejero Francisco Álvarez de la Chica: "La educación es radical y rotundamente gratuita", insistió.

Todos los centros tendrán que guardar tres plazas por cada clase

Álvarez de la Chica defendió las sanciones impuestas a cuatro colegios concertados de Almería que obligaban al pago de cuotas de este tipo a las familias de los alumnos. Las multas a estos cuatro centros religiosos suman 564.800 euros. Las sanciones se impusieron tras las denuncias de progenitores en el curso 2008-2009.

Según fuentes de la consejería, antes de abrir el expediente al primero de los colegios -el centro La Salle de Almería capital- se intentó resolver, sin éxito, el asunto en una comisión de conciliación.Tras el fracaso en la comisión de conciliación -en la que se sentó a la familia denunciante y a la dirección del colegio-, Educación abrió un expediente, que se resolvió con una sanción de 279.000 euros. Luego, la inspección educativa detectó cuotas obligatorias en otros tres concertados religiosos de Almería: La Salle Chocillas y la Divina Infantita, en la capital, y otro Divina Infantita ubicado en el municipio de El Ejido.

La consejería no quiere que se den más casos como los detectados en Almería. Por eso reforzará el decreto de escolarización con la prohibición expresa de cobrar cuotas por la educación. En el artículo 2 del decreto todavía vigente se deja claro que todos los alumnos tienen "derecho a un puesto escolar que le garantice la enseñanza básica obligatoria y gratuita" y que los padres podrán "elegir centro docente". Será en este apartado en el que Educación incluirá la prohibición del cobro de estas cuotas en los concertados. Lo que hará la consejería será trasladar a la norma andaluza el artículo 88 de la Ley Orgánica de Educación en la que se fija la imposibilidad del cobro de aportaciones que no sean voluntarias para que no exista "discriminación por motivos socioeconómicos" entre el alumnado.

El nuevo decreto de escolarización también se adentrará en otro asunto complicado, el del reparto de alumnos extranjeros entre los centros públicos y concertados. Existe un evidente desequilibrio que se quiere corregir: casi el 92% de los 100.000 estudiantes extranjeros está matriculado en los centros de la red pública. Sin embargo, respecto al alumnado en general, en los colegios e institutos públicos estudia el 79% de los chicos. Los concertados escolarizan a un porcentaje menor del que les correspondería sobre el papel.

Para tratar de resolver este asunto, algo que se lleva intentando desde hace años, Educación impondrá a todos los centros públicos y concertados la reserva de tres plazas por cada clase hasta el final del periodo de matriculación para los alumnos con necesidades especiales de apoyo, entre los que figuran los chicos extranjeros con condiciones socioeconómicas y culturales desfavorables.

Esta posibilidad ya se contemplaba en la Ley de Educación (LEA), en la que se señala que la Administración puede "reservar hasta el final del periodo de matrícula una parte de las plazas de los centros públicos y privados concertados" para este tipo de alumnos. También se recoge en el actual decreto de escolarización, que data de 2007 y en el que se advertía que "en la determinación de puestos escolares vacantes, se podrá reservar hasta el final del período de matrícula hasta tres de ellos por unidad escolar" para estos estudiantes. La diferencia ahora es que se va a pasar de una posibilidad a una obligación, según resaltó ayer el consejero de Educación. Y este cambio se lleva a cabo ante el fracaso de las medidas desarrolladas hasta ahora, que no han conseguido corregir el desequilibrio en la escolarización.

De la reserva de plazas se beneficiarán todos aquellos estudiantes que presenten necesidades específicas por sus capacidades personales (es decir, discapacidad, enfermedad permanente o sobredotación intelectual), por incorporación tardía al sistema educativo o por precisar de actuaciones de carácter compensatorio.

Tras la presentación ayer del proyecto de decreto, la Consejería de Educación abrirá ahora un proceso para negociar el texto con los diferentes actores del sistema de enseñanza.

Menos papeleo en el proceso de escolarización

El proyecto de decreto que presentó ayer el consejero de Educación también incluye la reducción del papeleo que soportan las familias a la hora de matricular a sus hijos. Según Francisco Álvarez de la Chica, Andalucía será la primera comunidad en la que se establecerá el "derecho a la escolarización pública única". Es decir, cuando unos padres matriculen por primera vez a su hijo en el colegio sabrán en ese momento en qué instituto estudiará en el futuro. Según Educación, así se simplifican los trámites porque los padres "sólo participarán una vez en el procedimiento de admisión".

A partir del curso que viene las familias tampoco aportarán el certificado de renta y de lugar de residencia. Esta posibilidad ya existía para aquellos que lo pidieran. Ahora se establece con carácter general y la Administración será la que acceda a estos datos. Tampoco hará falta presentar el certificado de familia numerosa.

El decreto también incluirá otro asunto polémico sobre el que Educación lleva meses deshojando la margarita: los fraudes en la escolarización. Se penalizará a las familias que hagan trampas en el proceso para lograr que sus hijos estudien en el centro deseado, normalmente, falseando los datos de la solicitud.

La asignación de las plazas escolares se hace por un sistema de puntos cuando existe más demanda que oferta de puestos. Aquellos que ahora falseaban la solicitud son castigados con la retirada de los puntos que habían logrado de forma irregular. Lo que hará la Administración el próximo curso será retirarle todos los puntos y se le asignará una plaza vacante. Álvarez de la Chica recordó ayer que este es un problema marginal, ya que en este curso solo se han detectado 582 casos de fraude, lo que supone el 0,27% sobre el total de las matrículas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de octubre de 2010

Más información