Griñán pide prolongar hasta junio de 2011 las ayudas a la compra de VPO

El Gobierno de José Antonio Griñán no está dispuesto a ceder en su defensa de las ayudas a la VPO, que el Gobierno pretende eliminar ya para el próximo ejercicio presupuestario, más aún después de recibir el aliento de las centrales sindicales y la patronal andaluza, que han cerrado filas en la defensa del plan concertado en la comunidad autónoma, que contempla hasta 2012 más de 200.000 nuevas casas protegidas. La Consejería de Obras Públicas y Viviendas, que presentó ayer sus alegaciones al decreto estatal, insistió en que se mantendrá firme en la negociación con el Gobierno.

En las alegaciones presentadas ayer por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda al borrador del decreto del plan estatal se solicita que se prorrogue en seis meses la ayuda estatal a la compra de viviendas protegidas, de forma que se garantice este derecho a los adquirentes de casas que obtengan la calificación provisional antes del 30 de junio de 2011, y que además se concedan las subvenciones en el momento del inicio de la construcción y no al final, cuando se produce la subrogación en la hipoteca. El nuevo plan estatal contempla la extinción a partir del 1 de enero del próximo año de esta ayuda directa al pago de la entrada de las viviendas, que oscilaban entre 8.000 y 12.000 euros, según los casos.

La Consejería alega en favor del interés de compradores y promotores

Desde que se conocieron las pretensiones del Gobierno en julio, la Junta ha abogado por que se estableciera un periodo transitorio en la reducción de las ayudas, y ha matizado siempre, como volvió a hacer ayer, que está de acuerdo con la política del ministerio de reorientar y concentrar las ayudas públicas en el fomento de la rehabilitación y el alquiler, pero que el trasvase sea de forma graduada. El objetivo de las alegaciones presentadas es precisamente "amortiguar los efectos de los recortes presupuestarios y preservar las expectativas legítimas de los adjudicatarios", según explicó ayer el secretario general de Vivienda, Suelo, Arquitectura e Instituto de Cartografía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

La consejería que dirige Rosa Aguilar considera que con la prórroga propuesta, además de garantizar las aspiraciones de las familias que pretenden una vivienda en propiedad, se preservan también los intereses de los promotores "que han realizado previamente una importante inversión económica" para desarrollar promociones ya proyectadas. La Junta propone a cambio que se amplíe en 10 años el periodo de subsidiación de los préstamos hipotecarios, que ahora es de cinco prorrogable en otros tantos, de forma que el comprador podría llegar a ahorrarse más de 16.000 euros en 20 años, cantidad que compensaría el montante que se dejaría de percibir en concepto de ayuda a la entrada que se va a eliminar.

La otra alegación principal de la Junta es que no se modifique el actual sistema de incentivos a los promotores que construyen viviendas protegidas en régimen de alquiler. La Junta considera que con la reducción que pretende el Gobierno se produciría una "desincentivcación" para el sector, y propone en cambio una mayor flexibilidad en el plazo estipulado para la venta de las viviendas en alquiler con opción a compra, y la ampliación en la cobertura de la financiación del préstamo al promotor hasta el 90% -ahora es del 80%- y del plazo de amortización hasta un máximo de 25 años.

Según Rodríguez Gómez de Celis, el Gobierno debería considerar las peticiones de la Junta y dar un trato "diferenciado a Andalucía" porque es una de las comunidades "que más esfuerzo ha realizado en los últimos años en dirigir sus políticas de vivienda a las personas con rentas más bajas y que más afectada se va a ver ahora por las reformas".