Dos imputados en el 'caso Hernández' se niegan a ratificar su testimonio

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sigue adelante con la instrucción de la querella presentada por el PSOE contra el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, por dar por acabada y permitir el pago de una carretera en Lira, en el municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño, cuando apenas estaba comenzada, pese a las dificultades que supone que los imputados se acojan a su derecho a no contestar a algunos interrogantes. Los encausados son cuatro: el ahora conselleiro Agustín Hernández, responsable de Infraestructuras de la Diputación que realizó esa obra; el ingeniero técnico del organismo provincial, Baltasar Pujales; así como otro funcionario del ente provincial, Pablo Montero Carrera, y el director técnico de Sercoysa, la empresa que realizó el vial, Juan Sánchez González.

El juez encargado de la instrucción rechaza la solicitud de archivar la causa

Estos últimos volvieron ayer a comparecer ante el juez del alto tribunal, pero esta vez como imputados al haber admitido en julio pasado, cuando declararon como testigos, que habían certificado como acabada y recibida una obra que no se había finalizado. De sus primeras declaraciones, el juez entendió que podían "existir indicios de criminalidad" y aceptó la ampliación de la querella pedida por los socialistas para convertir en imputados a ambos testigos.

Pero ayer, al tener que ratificar sus iniciales declaraciones inculpatorias, tanto Montero como Sánchez siguieron el mismo guión que ya habían interpretado en su día Hernández y Pujales: se acogieron a su derecho -que no tenían como testigos- a no contestar a la batería de preguntas de la acusación del PSOE. Y rechazaron ratificar sus primeras declaraciones ante el juez, en las que admitían haber incurrido en una irregularidad.

El juez de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior seguirá ahora con la práctica de pruebas que dice que le faltan para concluir la instrucción. Rechazó la petición de la defensa de que se archive la causa. Todos los que declararon hasta ahora ante el magistrado, como imputados o como testigos, corroboraron que esa carretera se hizo y se pagó antes de empezar siquiera a construirse. Pero lo justificaron.

Hernández, que dejó su puesto en la Diputación al convertirse en abril de 2009 en conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, admitió ante el juez que validó el fin de una obra "sin saber su estado real". Su firma permitió a Sercoysa, empresa en la que Hernández estuvo contratado antes de entrar en la Diputación, cobrar 331.000 euros por una obra sin empezar. Pero el conselleiro se escudó en que tampoco era su cometido supervisar todas las infraestructuras y obras del ente provincial bajo su dirección.

Pujales, por su parte, asumió toda la culpa del certificado en falso, que justificó para no perder una cuantiosa subvención del Estado que obligaba a terminar la carretera de Lira antes de finalizar 2008. Y finalmente el presidente de la Diputación, que compareció ante el juez como testigo, reivindicó "el interés general" para defender que se certifique como acabada y se pague una obra pública cuando aún no existe.