¿Hacia un nuevo modelo productivo?

El impacto de la reciente crisis financiera en la economía española ha convertido la reforma del modelo de crecimiento en algo más que un eslogan para ganar elecciones o debates. La idea no es nueva: desde la estrategia de Lisboa hasta el último programa electoral del PSOE, el diagnóstico y los objetivos son claros: hace falta aumentar la productividad a través de un modelo de crecimiento basado principalmente en educación e I+D+i que sea sostenible desde un punto de vista ambiental y garantice la equidad en términos de oportunidades independientemente del origen socioeconómico; un modelo que aspire, en definitiva, a la sinergia entre crecimiento e igualdad.

Estos objetivos suenan muy bien, y la crisis económica representa una oportunidad política de realizar una serie de reformas que deberían haberse abordado hace tiempo. Pero en este tema la distancia entre la retórica política y la realidad económica es especialmente larga. Las dificultades inherentes a un cambio de esta naturaleza son sustanciales. Una reflexión seria sobre la situación actual implica abordar dos preguntas: qué hace falta cambiar para alcanzar los objetivos y cuáles son las condiciones políticas necesarias para llevar a cabo esos cambios.

En este tema, la distancia entre la retórica política y la realidad económica es especialmente larga

En relación a la primera pregunta, la clave estriba en combinar flexibilidad y seguridad en los mercados de trabajo. La flexibilidad es necesaria para garantizar un mejor encaje entre formación y empleo, aumentando así la productividad. La seguridad es necesaria como incentivo para que los trabajadores inviertan en su propia formación y sacrifiquen beneficios presentes por mayores beneficios futuros. Esto promovería una oferta de trabajo adecuada a una economía cada vez menos dependiente de actividades intensivas en trabajo de baja productividad.

La flexibilidad requiere un mercado más desregulado y un sistema de formación de capital humano adecuado a los nuevos desafíos económicos. Esta flexibilidad debe también estar cimentada en un mercado de trabajo más justo y es incompatible con la dualidad existente en España, donde las diferencias entre trabajadores demasiado protegidos y trabajadores/parados atrapados en la precariedad tienen consecuencias económicas y sociales dramáticas. Entre otros efectos, como analizaba recientemente Guillermo de la Dehesa (EL PAÍS, 13-06-2010), la dualidad provoca un desfase insostenible entre productividad real y productividad potencial.

La seguridad, por otro lado, se consigue no solo reforzando y ajustando la formación de capital humano, sino también garantizando las rentas durante los periodos de transición con prestaciones generosas y desarrollando políticas activas que faciliten la transición de trabajadores de sectores en declive a sectores en auge (la tan cacareada flexicurity de los países escandinavos, ahora olvidada por el Gobierno).

Para que el cambio de modelo funcione, ambos objetivos son necesarios: la flexibilidad sin seguridad implica desigualdad y conflicto. La seguridad sin flexibilidad implica ineficiencia. Para evitar estos escenarios, el Gobierno necesita combinar la reforma laboral con una reforma educativa -en especial de la educación superior-, una reforma fiscal que genere los recursos necesarios para afrontar las reformas y distribuya sus costes de manera equitativa, y una reforma de la Administración que genere eficiencia en el uso de esos recursos.

Una fiscalidad más justa es condición indispensable para la transformación de la economía española. La subida de impuestos a las rentas altas que previsiblemente serán parte de los Presupuestos que el Gobierno anunciará el mes que viene es un buen comienzo. Pero el apoyo político de la austeridad propuesta por Zapatero depende de una percepción pública de que el sistema fiscal es justo, y esto será difícil de promover sin abordar el problema del fraude fiscal (considerado por algunos analistas como una consecuencia inevitable de incrementar los impuestos, en vez de una grave asignatura pendiente que nos diferencia de otros países europeos más igualitarios). Las mejoras en el sistema educativo, en políticas activas o en la inversión en I+D+i serán financiadas por dinero público o no serán. Si esta crisis va a servir para promover un cambio del modelo de producción, la cuadratura del círculo (promoción de nuevas políticas y, al mismo tiempo, equilibrio fiscal) tiene que estar sostenida por la percepción de la mayoría de los votantes que estas medidas son justas.

La tarea es enorme. Es obvio que, como el propio Zapatero reconocía en diciembre, culminar estos objetivos trasciende "las posibilidades de una sola ley, sino también las de un solo Gobierno y de una sola legislatura". Pero no es solo cuestión de tiempo, sino sobre todo de voluntad política, y eso quizás nos ayude a entender por qué no se ha avanzado más deprisa. Todas las medidas descritas hasta ahora tienen una característica en común: son reformas impopulares a corto plazo que conllevan un alto desgaste electoral y cuyos beneficios son perceptibles solo a medio-largo plazo.

En estas circunstancias es difícil pensar en un cambio de modelo sin la colaboración y el acuerdo entre los partidos y los actores sociales. En este sentido, hay pocas razones para sentirse optimista. La situación propicia, de nuevo, que los incentivos políticos a corto plazo socaven la política de las reformas. Sindicatos y patronal parecen igualmente dominados por estrategias miopes y no se dan cuenta de lo que está en juego. Los partidos no les andan a la zaga. Entre involucrarse en el diseño de un programa de reformas estructurales, y por tanto hacerse corresponsable, o embarcarse en una escalada de populismo sin propuestas alternativas coherentes, el PP parece haber elegido esto último. Por su parte, entre afrontar las reformas de manera sistemática o concentrarse solo en los puntos de menor resistencia, el Gobierno ha optado por lo segundo.

Zapatero ha iniciado el programa de reforma de forma parcial y con retraso. De su generalización y de su éxito depende el interés de todos. Rajoy quizás pueda ganar las elecciones apostando por su fracaso, pero gobernará un país más pobre y con menos futuro. Hay pocas razones para el optimismo y muchas para afear las frases vacías y los regates en corto.

Pablo Beramendi y David Rueda son profesores de Ciencia Política en la Universidad de Oxford.