Trabajadores de Barreiros piden ayuda al Valedor

El caótico urbanismo de Barreiros (Lugo), con el alcalde acusado de prevaricación por la fiscalía y más de 40 licencias esperando a que el juzgado decida si las anula o las ratifica, fue validado en abril mediante un convenio entre Xunta, Ayuntamiento y Diputación. El acuerdo no satisface, no obstante, a un colectivo de trabajadores de empresas con promociones en el municipio, que creen que el pacto mete en el mismo saco a todos los proyectos y que, de aplicarse, no impedirá que las promotoras se declaren en concurso de acreedores y despidan a los trabajadores.

La Asociación de Traballadores Afectados de Barreiros asegura en su escrito que el problema del urbanismo en ese municipio "no es un único caso sino que cada promoción es distinta [...] No se puede solucionar de modo unitario todo el conflicto generado, como pretenden las administraciones". Los trabajadores entienden que algunos de los informes de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística sobre los servicios disponibles en varias promociones no se hicieron con rigor y que no cabe, en ese sentido, considerar como ubicados en suelo urbano no consolidado todos los proyectos aprobados antes de que el bipartito suspendiese el planeamiento municipal.

"Entendemos que es falso que el proyecto sectorial de infraestructuras permita la legalización de todas las promociones [...] La adhesión podría afectar negativamente a promociones legales", defienden. "Además, su tramitación sin duda se prolongará en el tiempo no menos de dos años, lo que no impedirá que las promotoras, constructoras y empresas de servicios y suministros entren en concurso de acreedores y despidan a trabajadores, la parte más débil de todo este conflicto", aducen.