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Hacienda investiga el urbanismo de La Vila Joiosa entre 2004 y 2009

La Agencia Tributaria busca fraude fiscal en el sector inmobiliario

Algunos políticos y empresarios de La Vila Joiosa y del resto de La Marina Baixa pueden echarse a temblar. La Agencia Tributaria ha decidido investigar toda la tramitación urbanística de este municipio de los últimos cinco años, entre 2004 y 2009. Esta investigación se enmarca en un Plan de Prevención del Fraude Fiscal del sector inmobiliario.

La Vila es un paradigma de urbanismo a la carta que ha generado ingentes movimientos de dinero negro antes de estallar la burbuja inmobiliaria, pagado en bolsas de basura, de supermercados o en la misma vía pública y negociado en despachos, fundamentalmente durante el mandato de José Miguel Llorca, alcalde del PP entre 1999 y 2007, que fue condenado por haber ejercido de médico sin tener la titulación, aunque la información solicitada también incluiría el año y medio que gobernó un cuatripartito la ciudad.

La Agencia Tributaria ha solicitado a La Vila una copia de todos los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento desde 2004, con información pormenorizada. Quiere saber todas las "modificaciones del planeamiento en vigor (clasificación, uso, edificabilidad o aprovechamiento del suelo)". Y en el caso de que cualquier plan parcial "lleve consigo la aprobación de un convenio de modificación del planeamiento en vigor, deberán incluirse estas aprobaciones definitivas como un convenio más".

También reclama la "relación de los nuevos instrumentos de planeamiento municipal general aprobados inicial, provisional o definitivamente o de revisión o modificación de los existentes".Asimismo, Hacienda requiere a La Vila "la relación de los polígonos o unidades de actuación desarrollados mediante gestión indirecta, ya sean Juntas de Compensación o entidades similares, o en los que haya resultado una entidad privada empresarial la adjudicataria o receptora de las competencias urbanísticas". Y "la relación de los polígonos o unidades de actuación desarrollados mediante gestión directa o mixta por parte de entidades públicas mediante cooperación o expropiación".

En resumen, Hacienda quiere todo lo referido a cualquier actividad urbanística tramitada durante el desarrollo del Plan General, pero eso le permitirá también tener información anterior, ya que ha incluido como petición la relación de propietarios de las fincas afectadas por cada plan, sean personas físicas, jurídicas o menores de edad. Pretenden saber los cambios en la clasificación y calificación del suelo, el trasvase de aprovechamientos urbanísticos, los reconocimientos de mayor edificabilidad, la posible consolidación de derechos preexistentes o cualquier otra obligación contraída. Hasta reclaman que el consistorio les explicite la retribución pactada con la empresa adjudicataria de cada plan, bien sea en metálico, en especie o mixta. Se trata, en definitiva, de seguir el rastro del dinero de todas las operaciones inmobiliarias auspiciadas por el desarrollo urbanístico de La Vila.

El Plan General de Ordenación Urbana de La Vila se aprobó en 1999. Recogía 37 sectores, aunque más tarde se aprobó otro fuera del PGOU, que fue adjudicado a una firma a la que estuvo vinculado Miguel Barceló, ex senador y suegro del ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. La mercantil Los Almendros de Alicante consiguió que el Ayuntamiento reclasificara 1,5 millones de metros para hacer 1.526 casas y un campo de golf entre La Vila y Finestrat. Para entonces estaban adjudicados la práctica totalidad de los planes parciales en un ambiente de entente cordial del PP con algunos empresarios. Fruto de ello es que el gobierno popular llegaba a cobrar anticipos por licencias de obras en planes parciales sin acabar. Así fue como el Ayuntamiento ingresó más de 1,5 millones de tres empresas. Una de ellas obtuvo la licencia de obras cinco años después de haber adelantado un millón de euros para construir un geriátrico.

Este periódico ya publicó en 2006 que al menos 15 de los 37 sectores del planeamiento de La Vila habían sido adjudicados a distintas sociedades de promotores y empresas próximas al PP. El 1 de diciembre de ese año, siete años y medio después de entrar en vigor el PGOU actual, los populares aprobaron un concierto previo para revisar el Plan General que ampliaba la superficie urbanizable a casi 16 millones de metros cuadrados, al objeto de construir 34.000 viviendas y multiplicar por cinco la población, pasando de 28.000 a 138.000 habitantes, a pesar de que todavía quedaban más de cinco millones de metros por desarrollar.

Esta fue una de las causas por las que Llorca perdió en 2007 la mayoría absoluta que había disfrutado desde 1999. La primera decisión que adoptó el cuatripartito conformado por PSPV, Iniciativa Independiente, Bloc y Esquerra Unida fue retirar de la Consejería de Territorio la revisión del PGOU, que estaba pendiente de aprobación definitiva.

Hoy el término municipal de La Vila es un despropósito legal y paisajístico. Huerta abandonada, planes parciales inacabados y otros urbanizados sin recepcionar por el Ayuntamiento forman parte del territorio del término municipal vilero. Por otro lado, la mayoría de los planes parciales o los proyectos de reparcelación aprobados por los populares han acabado en el juzgado y muchos de ellos anulados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de agosto de 2010