El Consell ignora lo que cuesta reunirse en Bruselas

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, explicó ayer que desconoce cuánto costará la reunión que el Gobierno valenciano celebrará en Bruselas el próximo mes de octubre. La consejera de Justicia también reconoció que no sabe ni el presupuesto, ni el equipo de personas que se trasladará con los consejeros a la capital belga tras la decisión del presidente de la Generalitat de celebrar una reunión del Consell fuera de España por primera vez en su historia.

"Desde luego, no sé el presupuesto ni el equipo de gente que se va a trasladar para preparar una reunión tan importante como esta", dijo Sánchez de León, que consideró "importantísimo para los valencianos acercarnos a esas instituciones [el Comité de Regiones, que es un órgano consultivo de la Unión Europea] que tienen una incidencia tan directa y toman decisiones tan importantes para nuestra vida".

La consejera portavoz afirmó que el personal que se desplace a Bruselas será "el imprescindible" y que el gasto que suponga "redundará con creces en beneficio de los valencianos".

Críticas de despilfarro

La decisión de Camps de convocar un pleno del Consell en Bruselas para el próximo mes de octubre ha sido recibida con fuertes críticas por parte de la oposición, que considera un escándalo gastar así el dinero en época de crisis.

El portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, ya anticipó el martes: "Mientras nos cortan la luz en determinadas paradas del Tram de Alicante y mientras existen multitud de facturas por abonar a decenas de empresarios, Camps se permite el lujo de organizar una reunión del Consell que solo sirve para generar gastos de los que solo se beneficiarán los hoteles de Bruselas".

La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, instó ayer a Camps a retirar la convocatoria del Consell en Bruselas por carecer de utilidad y suponer "un derroche desorbitado de dinero público".

Para Sanz, "la celebración de esta reunión en Bruselas forma parte de la campaña de limpieza de imagen", tras la imputación del jefe del Consell y tres de sus ex altos cargos por un delito de cohecho pasivo impropio por recibir trajes de Gürtel.