Los acreedores que no entren en Fadesa cobrarán en 2023

Martinsa-Fadesa se estirará como un chicle para hacer frente a sus deudas. Cuatro de las mayores entidades acreedoras (La Caixa, Caja Madrid, Caixa Galicia y Popular, con un pasivo de 2.217 millones de euros) plantean en el nuevo convenio dos alternativas para que la inmobiliaria abone sus deudas, pero se quedan con una: la conversión de parte de su pasivo ordinario, hasta un 15%, en créditos participativos, cuyo vencimiento se fija para diciembre de 2019. En caso de impago, y con el límite del 40% del importe total que hay que devolver, esa deuda se convertirá en acciones de la compañía presidida por Fernando Martín si así lo consideran los acreedores a título individual. De lo contrario, según la propuesta presentada en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, si no aceptan la conversión de su deuda en acciones, recibirán su dinero en diciembre de 2023.

El nuevo convenio impide a Fernando Martín decidir en solitario

Los acreedores que presentan la propuesta de convenio, cuatro de los seis mayores, advierten al juzgado que la iniciativa responde al interés de la banca por que la empresa siga su actividad y, al mismo tiempo, se suavicen las condiciones de pago de la deuda. Para ello, establecen también un calendario de abono para el 85% de los cerca de 7.000 millones de pasivo, que también se alarga en el tiempo sobre la propuesta de convenio planteada por la compañía en diciembre de 2008. De esta manera, entre 2011 y 2013 la compañía sólo abonará el 2% del total de la deuda, y se amplía hasta 2018 el plazo para pagarla íntegramente con la excepción de ese 15% del pasivo convertible en acciones. Según dicho calendario, Martinsa-Fadesa pagará la mitad de su deuda entre 2016 y 2017, para llegar al último año con un 18% pendiente.

La imposibilidad de la compañía para presentar un nuevo convenio ha llevado a Caja Madrid (919,8 millones en créditos reconocidos inicialmente), La Caixa (627,5 millones), Popular (382,3) y Caixa Galicia (287,6) a hacer la propuesta, que también contempla otra opción, la de una quita o condonación del 70% de la deuda de la inmobiliaria, con cinco años de espera a contar desde el próximo mes de diciembre. La banca abre la posibilidad de que los acreedores, unos 10.000 en total, puedan acogerse a esta propuesta, pero muestran sus preferencias por la conversión en acciones. Para ello establecen mecanismos de control para evaluar y garantizar cada año que los acreedores puedan ver satisfechas sus reclamaciones.

Pero la banca no las debe tener todas consigo ya que en la propuesta de convenio ata de pies y manos la capacidad ejecutiva de Fernando Martín como presidente de la inmobiliaria. Así, le impide tomar decisiones en solitario (deberán ser todas mancomunadas) y también le prohíbe nombrar un consejero delegado.

Otro de los compromisos que plantean los acreedores es dar oxígeno para que Martinsa pueda continuar con su actividad, ya que acuerdan abrir una línea de circulante para financiar gastos operativos y costes de estructura por un máximo de 147 millones de euros. La venta de suelo planteada en la primera propuesta de convenio elaborada por el equipo de Martín sigue en pie, con gran parte de los mismos activos, que será la fuente de ingresos para pagar la deuda. La propuesta, que se eleva al juez cuando se cumplen dos años de la presentación de la declaración del concurso, tendrá que esperar a la aprobación por parte de Pablo González-Carreró, titular del juzgado, del informe definitivo de los administradores concursales, para abrir la fase de convenio.