Fiscalía no ve trato de favor en la permuta de Tabacalera

La Fiscalía no ve delito en la permuta de terrenos que afectó a la operación de recuperación del complejo de Tabacalera en Valencia. Lo denunció el grupo socialista municipal el pasado enero. Se advertía de posibles irregularidades en la permuta entre el Ayuntamiento y las sociedades Altadis y Guadalmedina. Los socialistas denunciaron la enajenación del edificio del antiguo centro sanitario de la Plaza de América de Valencia por el procedimiento de permuta en lugar de acudir al de subasta. Y además, que el importe por el que se valoró era inferior al de mercado, lo que dañó las arcas públicas.

La Fiscalía no ve indicios de delito. Pero deja constancia de posibles irregularidades o, cuando menos, actuaciones discutibles. La pericial hecha por la Fiscalía arroja como resultado que la valoración del edificio de la plaza de América debió ser, en 2005, cuando se hizo, de casi 36 millones de euros. Sin embargo, el ayuntamiento dio por buenos 24 millones. Al realizarse la pericial según los criterios que usó el consistorio, la cifra da casi 18,5 millones. La fiscalía constata: "Un importe inferior al tasado por el ente municipal". Y añade que no es la vía penal la adecuada para dirimir el asunto pero que sí podría verse por vía administrativa.

Una pericial dice que se valoró por debajo de mercado la operación

Las diligencias sobre el asunto han permitido aclarar otro extremo relacionado con la protección que se dio al conjunto de la Fábrica de Tabacos, que tuvo amparo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Ahora bien, en la tramitación de una de las actuaciones, el ayuntamiento recibió un informe desfavorable de la comisión municipal de Patrimonio a un primer proyecto de aparcamiento, porque podía afectar a muros y cimientos de un Bien de Relevancia Local (BRL) y tal vez a los jardines históricos de La Alameda. El consistorio no concedió el contrato a la empresa que lo presentó, lo hizo a una segunda cuyo proyecto no vio la comisión. A esa misma comisión, el edil de Urbanismo Jorge Bellver, no le pidió parecer, como obliga la ley, para el aparcamiento de los Jardines de Monforte, por cuya aprobación está imputado por supuesta prevaricación y delito contra el patrimonio.

Miguel Domínguez, concejal del PP, dijo ayer que "la actuación de los socialistas ha sido de una intencionalidad patética".