El Consell hace marcha atrás en su pretensión de reformar el Estatut

El Consell hizo ayer marcha atrás en su pretensión de reformar el Estatut para equiparar las competencias de la Comunidad Valenciana a las de Cataluña. Y lo hizo públicamente. La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, fue la encargada de enmendar la plana al consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que el martes afirmó que el Consell estaba dispuesto a impulsar una nueva reforma estatutaria, después de que la sentencia del Tribunal Constitucional consolidase muchas de las competencias de Cataluña que cuestiona el Gobierno valenciano. Ayer, en cambio, Sánchez de León argumentó: "No ha habido una asunción de competencias por encima de las que tenemos asumidas el resto de autonomías".

"A la espera de tener la sentencia [del Constitucional], de lo que hemos tenido conocimiento, podemos constatar que lo que se ha hecho es ajustar el Estatuto de Cataluña a la Constitución", remarcó Paula Sánchez de León, que recordó que la Generalitat mantiene sus recursos en el Tribunal Constitucional contra el Estatuto catalán en materia de políticas hídricas y financiación.

El frenazo de la portavoz del Consell a las pretensiones del consejero de Gobernación de reformar el Estatut para equipararlo al catalán se produjo a instancias de la dirección nacional del PP, que se muestra aliviada por el fallo del Constitucional y no quiere ahora lastrar sus expectativas electorales. El propio Mariano Rajoy reclamó el martes a los suyos que miren "al futuro".La confusión sobre el alcance de las competencias del Estatuto de Cataluña y su comparación con el Estatut valenciano la completó el consejero de Medio Ambiente y vicepresidente tercero, Juan Cotino. El responsable de las políticas hídricas aseguró que "algunas comunidades, como Castilla-La Mancha y ahora Cataluña, se han arrogado derechos sobre el agua que están provocando una confrontación entre las diferentes autonomías".

Presidencia de la Generalitat insistió en que las manifestaciones de los diferentes miembros del Gobierno valenciano no eran contradictorias, sino que lo que se pretende es analizar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el texto catalán -cuando esté disponible-, reunir una comisión de expertos y actuar si se considera que existe algún tipo de discriminación.

En este contexto, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, aseguró: "El problema de los valencianos no es el Estatut, sino quién gobierna y quién lo desarrolla".

Para el líder de los socialistas valencianos, "Camps quiere hablar de cualquier cosa con tal de no solucionar las dificultades de los valencianos". Jorge Alarte insistió en que "es absolutamente inoportuno, imprudente y precipitado evaluar en estos momentos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña sobre el texto valenciano".

Opinión distinta mostró el portavoz del grupo Compromís, Enric Morera, que señaló que se trata de "una rectificación muy grave" la realizada por la consejera portavoz al consejero de Gobernación. "Ahora parece que renuncian [los populares] a que se reclame al Estado el mismo trato que tienen catalanes y andaluces y esto es un acto de cobardía de un Consell que se esconde de reclamar lo que nos corresponde a los valencianos", dijo Enric Morera.