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Los dueños de viviendas ilegales de Chiclana crean un partido

Los dueños de casas ilegales en Chiclana (Cádiz, 77.293 habitantes) ya tienen quien les defienda en forma de partido político. El Partido Vecinal Regionalista se ha inscrito en el Ministerio del Interior con la vista fijada en las urnas de 2011. Aspira a conseguir representación en el Ayuntamiento. Entre sus miembros y simpatizantes están algunos de los integrantes más activos de la plataforma que promueve los derechos de los propietarios de casas sin licencia en esta localidad gaditana, donde la Junta ha contabilizado 15.000 viviendas fuera de ordenamiento.

La plataforma protagonizó hace unos meses algunas manifestaciones que llegaron a reunir unas 2.000 personas. En aquellos momentos protestaban contra el proceso de regularización de sus casas que ha impulsado el gobierno municipal, del PSOE. Su rechazo se debe, sobre todo, al precio estipulado para sufragar los costes de la urbanización recogidos en este plan.

El panorama electoral de Chiclana será muy diverso el próximo año. Los vecinos podrán elegir entre los partidos mayoritarios. Y también podrán votar a Unidos por Chiclana, salido de la escisión de IU, que presentará como candidato al anterior aspirante de la formación, José Pedro Butrón, que fue expedientado y expulsado por haber pactado con el PP.

Advertencia del fiscal

El nacimiento del Partido Vecinal Regionalista, inscrito el pasado 21 de junio y que hoy se presenta públicamente, incrementará aún más la diversidad de oportunidades.

Entre los objetivos marcados por la nueva formación está la de preservar los derechos de estos propietarios. A ellos hacía alusión directa la última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente. "Los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística", refleja el documento.

La fiscal Patricia Navarro y su antecesor Ángel Núñez alertan de que estos grupos exigen la legalización de sus edificaciones, algunas con procedimientos penales en curso, y tratan de imponer que la ejecución de infraestructuras y servicios se haga con fondos públicos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de julio de 2010