Solo una funcionaria será juzgada por el caso de los falsos voluntarios en listas del PP vasco

Jesusa Otero Magdalena, una funcionaria de confianza del ex alcalde popular, Miguel Ángel Pérez, se sentará en el banquillo como única acusada de falsificar hasta seis de los nombres de los voluntarios que aparecieron en las listas electorales del PP en el País Vasco de 2007, para enfrentarse a una petición de condena de tres años de prisión.Lo que en un principio parecía que iba a terminar implicando a responsables del PP en Pontevedra y O Grove, se ha limitado a una única imputada que trabajaba como personal al servicio de la alcaldía y que hoy sigue ejerciendo como trabajadora en funciones de plena confianza en el área de Protección Civil.

Las contradicciones de la acusada en sus comparecencias judiciales respecto a quién le había ordenado las falsificaciones fueron decisivas para que el fiscal del caso, Marco Montero González, se decantara finalmente por no imputar ni siquiera al entonces alcalde, a quien Jesusa Otero había acusado de urdir el montaje. Miguel Ángel Pérez no ha sido citado ni como testigo. Para el fiscal, las pruebas periciales caligráficas son contundentes para acusar a Otero y, al mismo tiempo, exculpatorias para el resto de los imputados anteriormente. Un perito caligráfico, Israel Picón Platas, elaboró un informe inculpatorio para la funcionaria, que tendrá que ratificar en el juicio.

Según el escrito del fiscal, a principios de 2007, la acusada "con la finalidad y propósito de que surtiera efectos como verdaderamente redactadas por las personas de quienes figuraban sus datos, y actuando con unidad de conocimiento y voluntad", cubrió formularios de aceptación de candidatos para las elecciones municipales del País Vasco por el PP. Incluyó los nombres, domicilios y números de DNI y falsificó las firmas de seis empleados del Grupo Municipal de Intervención Rápida.

El fiscal ha tipificado los hechos como un delito continuado de falsedad en documento público y solicita una condena de tres años, así como inhabilitación especial para ejercer el derecho a sufragio pasivo y 12 meses de multa a razón de 15 euros diarios.