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Una realidad en marcha

La Ley de Régimen Local, aprobada en las Cortes Valencianas, es un instrumento fundamental para mejorar muy sustantivamente la Administración de nuestros 542 municipios, donde viven más de cinco millones de ciudadanos. De los que debe resaltarse que un millón son extranjeros y otro millón españoles procedentes del resto de comunidades autónomas.

La nueva norma recoge muchas mejoras y precisiones y es profundamente innovadora. Su contenido es extenso, pero podríamos resumir su espíritu -y su articulado- resaltando que es una ley que intensifica la democracia y autonomía municipales y que, además, mejora la financiación.

La norma también trabaja por la cohesión de las entidades locales. Por ello, tiene muy en cuenta un dato que, probablemente, no es tan conocido por la ciudadanía. Me refiero a que de los 542 municipios de nuestra comunidad, 234 tienen menos de 1.000 habitantes. Es decir, en un territorio no muy extenso como el nuestro, pero muy poblado, se da el hecho casi sorprendente de que existan muchos términos municipales con pocos habitantes, la mayoría situados en el interior.

La nueva ley también aborda novedosas fórmulas de colaboración entre municipios

Y si bien su peso demográfico es exiguo, para el Gobierno valenciano los poco más de 100.000 habitantes que viven en esos municipios, son ciudadanos de primera categoría, como las demás personas de nuestra Comunidad. La nueva ley incide de un modo especial en un objetivo plenamente democrático: el de garantizar la igualdad de oportunidades tanto entre ciudadanos como entre corporaciones locales.

El Consell trabaja por la igualdad efectiva entre todos los valencianos. Para que no suponga un hándicap para nadie, ni en el ámbito sanitario, ni educativo ni en el de las prestaciones sociales, el hecho de vivir en un municipio pequeño, rural o apartado.

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Con el fin de llevar a cabo tan ambicioso e irrenunciable objetivo, la ley fortalece el principio de suficiencia financiera, creando el Fondo de Cooperación Municipal. Herramienta que servirá para paliar los desequilibrios financieros y socioeconómicos municipales.

A través de este fondo se financiarán servicios, infraestructuras y equipamientos básicos de los municipios. Novedades que, unidas a una serie de medidas que permiten un mayor poder de autoorganización, refuerzan el principio de autonomía municipal.

Debe también subrayarse que la ley profundiza en la democracia participativa y fomenta la intervención activa de los ciudadanos en la vida local. Ello se favorece con la creación de figuras como el Defensor del Vecino, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones o el Consejo Social del Municipio. Instrumentos todos pensados para que los ciudadanos valencianos puedan hacer llegar su voz y sus preocupaciones a alcaldes y concejales.

Los municipios de la Comunidad Valenciana prestan una gran cantidad de servicios a los ciudadanos. Y los prestan, en muchos casos, con grandes dificultades materiales y económicas. Circunstancias que se agravan en la actualidad, debido a la gravísima crisis que padece nuestro país como consecuencia de los reiterados errores del Gobierno Zapatero. De ahí que sea más necesario que nunca mantener la calidad de los servicios, así como lograr la mayor eficacia en su prestación.

La nueva ley también aborda novedosas fórmulas de colaboración entre municipios, tales como la creación del régimen de gestión compartida. Un mecanismo gestor destinado a pequeños ayuntamientos que permite, a través de convenios y acuerdos con otras Administraciones, la prestación de servicios obligatorios particularmente onerosos. También la posibilidad de sostenimiento en común del personal a su cargo.

La puesta en marcha de este tipo de fórmulas supondrá la generación de economías de escala que paliarán, en parte, las duras condiciones económicas por las que atraviesan muchos de nuestros municipios y que está atajando el Gobierno valenciano gracias, entre otros, a iniciativas como el Plan Confianza con una inversión superior a los 1.020 millones de euros.

En definitiva, estamos ante una ley muy relevante. Una norma que fija las herramientas y las reglas de juego para que la Administración local, la más cercana al ciudadano, pueda cumplir los objetivos que la Constitución y el Estatuto de Autonomía le marcan. Una ley para todos los Ayuntamientos, sean del signo político que sean, y que surge de la propuesta conjunta de todos los grupos políticos municipales representados en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. También cuenta en su articulado con las aportaciones del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, así como enmiendas presentadas en las Cortes por el Grupo Compromís y la Agrupación de los no Adscritos.

En definitiva, una ley hija del diálogo, y de un moderno y loable criterio integrador y de cohesión, hoy más necesario que nunca y que constituye la respuesta adecuada al reto municipalista por parte del Gobierno de la Generalitat.

Pues bien, pese a todo ello, el PSPV se ha descolgado de este proceso unitario y democrático, que beneficia tan sustantivamente a los ayuntamientos valencianos. Esgrimiendo razones absurdas, incurriendo en lastimosas actitudes y, sin duda -y sobre todo-, obedeciendo a las instrucciones de la cúpula socialista nacional, el PSPV se ha descolgado de una iniciativa justa, de gran calado, que alcanza el máximo normativo posible sobre la materia dentro de las competencias autonómicas.

Circunstancias que se añaden al incumplimiento del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, quien prometió una nueva financiación municipal, al igual que una ley básica de Régimen Local ya en el año 2006, sin que hasta estos momentos haya cumplido su palabra como desgraciadamente han podido comprobar los ciudadanos.

Rafael Blasco es portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y consejero de Inmigración y Ciudadanía.

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