La Xunta considera insuficientes 22 testigos contra Construcuatro

"Tuvimos que hacer la entrega en una cafetería del dinero negro en una bolsa de plástico". La frase forma parte de uno de los 22 testimonios de los afectados por los sobreprecios pagados a Construcuatro, la empresa del presidente local del PP de Pontevedra, Telmo Martín, para conseguir viviendas de protección autonómica en Vigo. Uno tras otro, los propietarios relatan cómo adquirieron la vivienda y cómo, en el último momento, intermediarios de la promotora exigieron cantidades adicionales a cambio de mejoras que nunca fueron ejecutadas.

Las declaraciones fueron realizadas entre el 24 y el 27 de septiembre de 2007 en la delegación de la Xunta en Vigo, en las diligencias previas abiertas de oficio al tener conocimiento de la denuncia judicial presentada por un grupo de propietarios. Los testimonios son concluyentes. Todos los citados, compradores de viviendas protegidas en el número 25 de la calle Teixugueiras, en el polígono de San Paio de Navia, tuvieron que pagar sobreprecios en dinero negro para no quedarse sin sus pisos.

La empresa "no devolvía el dinero" adelantado si no se pagaba la comisión

Las cantidades se reclamaban en el último momento, "de un día para otro"

El expediente que abrió la antigua Consellería de Vivenda se ha reactivado después del auto de archivo de la causa que dictó la Audiencia Provincial de Pontevedra, que reconoce el cobro de sobreprecios pero no halla conductas delictivas, por considerar que no medió violencia, amenaza o engaño. Pese a la contundencia de las declaraciones y lo avanzado del expediente, que contemplaba una inhabilitación para construir vivienda de protección, una multa de un millón de euros y la devolución de los sobreprecios, la Xunta ha decidido solicitar nuevas pruebas. La responsabilidad de aplicar las sanciones depende ahora de la Consellería de Medio Ambiente, que dirige de Agustín Hernández, amigo personal de Telmo Martín. La oposición le acusa de aplazar el expediente hasta después de las municipales, en las que Martín aspira a la alcaldía de Pontevedra.

Las declaraciones, a las que ha tenido acceso este periódico, revelan el pago de sobreprecios de hasta 40.000 euros, que eran reclamados como condición ineludible para lograr las viviendas. El método de pago era variado, pero se realizaba siempre sin factura ni recibo de ningún tipo, a intermediarios o directamente en las oficinas de Construcuatro, siempre según los afectados. Algunos relatan las amenazas de "perder el dinero entregado a cuenta" si no efectuaban el sobrepago.

"Si quería hacerlo así, bien; si no, no vendía el piso, porque tenía 20 aspirantes para poder hacerlo", denuncia un propietario. Otro relata que, llegado el momento de la firma de compraventa, la promotora de Martín pidió un sobreprecio de 30.000 euros, que el comprador pagó "en mano" el 26 de diciembre de 2006, "en las oficinas de Pontevedra de Construcuatro".

Otro cuenta: "Estaba en una lista de solicitantes en el número 70, y no me ofrecían el piso hasta que en las negociaciones surgió el tema del dinero negro y me pidió 18.000 euros". El expediente recoge la declaración de un propietario que denuncia el pago de 33.000 euros "entregados en un sobre a José Manuel Torres", consejero delegado de Construcuatro, al que identifica como "empleado". "Me dijeron que si no entregaba el dinero, le entregaban el piso a otro propietario", agrega. Pasados unos meses, Torres ofreció al comprador una factura "para legalizar parte del sobreprecio en concepto de mejoras que no se hicieron".