Educación dificulta la enseñanza del valenciano donde se habla castellano
La Generalitat ha optado por dejar en manos de los padres una parte de su política lingüística. Al menos, así será en los 142 municipios de las zonas castellanohablantes, donde serán los padres los que decidan si sus hijos estudian valenciano o no, según establece el borrador de una resolución de la Consejería de Educación presentado ayer a los sindicatos. "Los centros de las poblaciones de predominio lingüístico castellano, que figuran en el artículo 36 de la Llei d'Ús i Ensenyament y que quieran incorporarse a un programa de educación bilingüe, deberán partir de la voluntad previamente manifestada por los padres o tutores legales".
Hasta ahora, todos los centros educativos tienen la "obligación" de acogerse a uno de los tres programas bilingües que hay, en función de las zonas de influencia del valenciano o del castellano que estipula la Llei d'Ús de 1983. La ley valenciana que declara "cooficiales" el valenciano y el castellano, prevé tres programas educativos para garantizar que "al final de la escolarización obligatoria los alumnos dominen las dos lenguas oficiales". El Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV) -todas las materias en valenciano, excepto el castellano- y el de Inmersión Lingüística (PIL) -33% de castellano y 33% de valenciano-, ambos para las zonas valencianohablantes. Y deja el Programa de Incorporación Progresiva (PIP) -todas las materias en castellano y una o dos asignaturas en valenciano- para los municipios con predominio del castellano, aunque en la práctica también se acogen a esta modalidad todos los centros privado concertados.
Para CC OO, la modificación de la aplicación de la Llei d'ÚS mediante una resolución, deja que "las familias decidan que sus hijos sean analfabetos en una de las dos lenguas propias". "No solo es poner el electoralismo por encima de la responsabilidad de gobernar, sino que limita el derecho del resto de las familias", advierte.
El responsable de la planificación educativa de la consejería, Rafael Carbonell, rechaza que se deje la política lingüística en manos de las familias. Y justifica la decisión en base a una "exención" contenida en el decreto que desarrolla la aplicación de la Llei d'Ús. "Los casos de padres que exigen un tratamiento lingüístico diferenciado son contados", concluye.
