El Plan de Drogas sobrevive gracias a empleos precarios

La red gallega de asistencia y prevención de drogodependencias se sostiene gracias a contratos en precario. La gran mayoría de los casi 400 trabajadores de ayuntamientos y asociaciones tienen empleos por obra y servicio que depende de las ayudas de la Xunta. El Gobierno autónomo planea cambiar el método de concesión de ayudas pero no aclara los criterios que regirán el nuevo sistema, por lo que muchos de estos profesionales temen por su futuro.

Algunos llevan más de 20 años encadenando este tipo de contratos temporales, como María José Pérez Vázquez, de la unidad de Monforte de Lemos y presidenta de la asociación que agrupa a los trabajadores del sector. O el educador Manuel Isorna, que trabaja para los ayuntamientos de Catoira, Dodro, Padrón, Pontecesures, Rois y Valga, con 15 años de experiencia en estos municipios y sin contrato fijo.

La Xunta no aclara cómo financiará la red a partir de diciembre

La Asociación de Profesionais das Drogodependencias e outras Condutas Aditivas asegura que esta situación se repite en la mayoría de los centros municipales, donde los fijos son una minoría. Las excepciones a la norma son unidades concretas como Santiago o la red de asociaciones. En éstas el porcentaje de contratos estables es mayor, pero no los pueden mantener sin el aporte de la Xunta.

Esta situación deriva del sistema de financiación de la red del Plan sobre Drogas. La Xunta firmaba convenios anuales con ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro para mantener la red de asistencia y prevención que hasta el presente se renovaron de forma automática, pero este año la Consellería de Sanidade retrasó su renovación y derivó la gestión de las ayudas a los ayuntamientos a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

A diferencia de otros años, las ayudas abarcan el período de junio a diciembre y no el año completo o el curso escolar, además de sufrir una bajada del 5%. El departamento de Pilar Farjas busca "regularizar" el sistema de financiación, sustituyendo los convenios por subvenciones de importe y duración limitado por las que tendrían que competir las diferentes entidades, pero no aclara las condiciones y lo relega todo a la redacción del futuro Plan de Adicciones, que sustituirá al Plan sobre Drogas actual. La modificación busca adaptar las ayudas a la Lei de Subvencións, que ya no permite financiar entidades de forma directa, pero la forma en la que se está llevando a cabo no convence a los trabajadores que dependen de ellas.

Manuel Isorna asegura que este cambio provocará que la red se resienta, porque la gente más válida y formada buscará otra salida laboral más estable. El bipartito buscó como solución a los problemas de estabilidad laboral la integración del personal de la red del Plan de Drogas en el Sergas, pero la actual consellería paró el proceso. Sindicatos y profesionales denuncian una total falta de información y que no recibieron ninguna explicación sobre la paralización del proceso. El próximo miércoles la asociación de profesionales se reunirá con la consellería para intentar aclarar los puntos más conflictivos del cambio de modelo y la reducción de las subvenciones.