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Un tránsfuga del PSdeG controla las oposiciones a la Diputación de Ourense

Baltar fichó a Galindo en los noventa para darle la alcaldía de Nogueira de Ramuín

Dos décadas antes de consumar el fichaje del "fiel" Eladio Fernández -el ex número dos del PSdeG ourensano que en 15 minutos canjeó 20 años de militancia en su partido por un carné del PP- Baltar ya había experimentado con los efectos del transfuguismo. En los noventa, el presidente de la Diputación y del PP de Ourense, José Luis Baltar, ganó para su causa al ex portavoz socialista en su pueblo natal de Nogueira de Ramuín, diputado provincial y miembro destacado del PSdeG provincial, José Eugenio Galindo, un joven abogado con bufete compartido en la ciudad.

Aquella no fue una operación de bulto. Galindo clamaba en la oposición de Nogueira contra el propio Baltar, entonces alcalde del municipio. En el lapso entre el término de una legislatura y el comienzo de la siguiente, Baltar acabó sentándolo a él en el sillón de mando. Ahora, el ex socialista se ha convertido en uno de los representantes de la Diputación que controla, desde el origen hasta el final, el proceso de las oposiciones de la institución provincial que aprueban prácticamente en exclusiva los cargos y familiares del PP ourensano.

Galindo: "Puedo opinar si alguno debe aprobar o no, pero no pongo nota"

El tránsfuga también asesora a alcaldes o concejales del PP desde la institución

El histórico tránsfuga -en la acepción semántica, porque no huyó con el escaño- reconoce que participa en la elaboración de las preguntas de las oposiciones, aunque puntualiza que "solo de las relacionadas con cuestiones jurídicas". Además, forma parte del tribunal que vigila el desarrollo de las pruebas -"aunque lo hago en sustitución del secretario provincial", Francisco Cacharro, quien ha renunciado a participar en este proceso opositor- y también reconoce que interviene en la calificación de los exámenes "pero solo con voz y sin voto". Galindo señala que en este caso puede opinar. "Y decir que creo que alguno debe aprobar o suspender, pero no pongo nota", explica sobre el método calificador que tan buenos resultados da a los cargos y familiares del PP.

Fue a finales de los ochenta cuando Galindo cambió el paso. Abandonó su papel de azote del socialismo ourensano contra el caciquismo de la derecha e inició una nueva estrategia política: la de la defensa, incluso judicial, de los métodos que solo un poco tiempo antes tildaba de clientelares. El actual asesor jurídico de la Diputación consiguió su empleo en la institución provincial por oposición celebrada en 1990. Cuando ganó la plaza de técnico de administración general, con puesto en el servicio jurídico, estaba todavía en el PSdeG, pero "reculando ya", recuerdan sus ex compañeros de partido. El senador socialista Miguel Fidalgo tiene aún presente cómo siendo alcalde de Ribadavia su todavía compañero de partido gestionó, desde el bufete en el que entonces trabajaba, una querella contra él presentada por el PP. "Un año después, aprobó la oposición" que le dio su plaza en la Diputación, destaca Fidalgo.

La conversión del letrado socialista al baltarismo tuvo un precio. El presidente ourensano puso a prueba la fidelidad del recién llegado nombrándolo a mediados de los noventa candidato, y sustituto suyo, a la alcaldía de Nogueira de Ramuín. Junto con Esgos, Nogueira es el ayuntamiento fetiche del baltarismo. Era un caramelo envenenado. Pero Galindo aceptó. Dio la cara, alcanzó la alcaldía -en Nogueira de Ramuín la oposición es numéricamente simbólica- y gestionó para el PP el destino del municipio en el seno de la misma corporación en la que se había desgañitado contra José Luis Baltar desde el banco de la oposición. Galindo resistió el envite hasta que consiguió la autorización de Baltar a su renuncia. Aguantó una legislatura.

Desde entonces, el asesor jurídico de la Diputación -puesto que ha compartido con el hijo del ex secretario de la institución provincial, quien también aprobó en su día una oposición- representa no solo al organismo público en los asuntos judiciales, sino también al PP. Al partido lo asiste en su calidad de letrado en los procesos de recuento de votos de las elecciones, entre otras y diferentes causas. "Es legal, porque tiene las compatibilidades", sostienen fuentes del PP ourensano. Socialistas y nacionalistas, sin embargo, entienden que resulta "bastante inmoral".

Galindo también actúa como letrado de la Diputación en la defensa de alcaldes o concejales. Siempre del PP, por supuesto. Una actuación igualmente amparada por la ley, ya que la institución provincial ha asumido, por convenio, "el auxilio jurídico de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes", sostienen fuentes de este organismo. A socialistas y nacionalistas ni se nos ocurre pedir amparo jurídico al "asesor del presidente de la Diputación y ex alcalde del PP".

Este mismo año, José Eugenio Galindo consiguió un ascenso laboral en la Diputación de Ourense: la jefatura del servicio jurídico que hasta ahora Baltar no ofrecía a ninguno de los dos letrados. "Para evitar tensiones entre ellos", sostienen fuentes de la institución.

Un tribunal afín al presidente

José Eugenio Galindo, asesor jurídico de la Diputación de Ourense y ex alcalde del PP de Nogueira de Ramuín, no es el único integrante de los tribunales de oposiciones próximo a Baltar. Además, tienen este cometido otros ex cargos populares o sus familiares, que en su día accedieron al empleo en la institución envueltos en la misma polémica del enchufismo.

Es el caso de José Luis Suárez, hijo del alcalde de Monterrei, del ex presidente de Nuevas Generaciones de Ourense, Carlos Castiñeiras, o del hijo del ex alcalde de San Amaro, Valentín Pérez Nieto. Nadie, salvo ellos, conoce el nivel de los exámenes realizados. La Diputación de Ourense coloca el listado de los nombres con sus correspondientes notas en el corcho de la institución, pero no difunde la plantilla del test, con lo que quienes se presentan a los exámenes no pueden saber si los resolvieron bien o mal.

Hace unos años ni siquiera se conocía la nota. La Diputación zanjaba con un "apto" o un "no apto" la calificación final de las pruebas. Alegaba que no estaba obligada a detallar más.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de junio de 2010

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