La ley de Ajuste suspende el pacto con los sindicatos
El Gobierno ahorrará 100 millones con las medidas
El Gobierno aprobó ayer en un Consejo extraordinario convocado con ese único objeto la ley de modificación de los Presupuestos a través de la que aplicará el ajuste salarial a los empleados públicos y con la que prevé ahorrar 100 millones de euros. La consecuencia que más quebraderos de cabeza puede crearle, es la ruptura que supone respecto de los acuerdos con los sindicatos ELA, CCOO y UGT alcanzados el otoño pasado, por primera vez en diez años. El Ejecutivo exhibió ese pacto con la mayoría sindical en la Administración pública como un gran logro.
El texto del proyecto de ley enviado ayer mismo al Parlamento -un artículo único, 12 disposiciones adicionales y dos finales- lo explicita en la Adicional quinta: "Se suspenden parcialmente [para hacer posible la rebaja retributiva] todos los acuerdos firmados" no sólo entre la Administración general y las centrales, sino también los de sus organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas. El modo de aplicación por el que ha optado el Gobierno, con el margen que le permitían el decreto ley del Ejecutivo central, publicado en el BOE el pasado 24 de mayo, y sus competencias propias, reducirá el impacto sobre los salarios, pero eso no le ahorrará el enfado sindical.
El ahorro permitirá al Ejecutivo no agotar su límite de endeudamiento
La Mesa de la Cámara tramitará el proyecto en su próxima reunión
El Ejecutivo afirmó ayer que ha aplicado el ajuste decretado por Zapatero con la fórmula "menos lesiva posible y manteniendo el compromiso de solidaridad". El recorte salarial oscilará entre el 0,98% del primer escalón funcionarial al 5% del más alto. Personal laboral, trabajadores eventuales y todos los empleados del sector público, incluidas las sociedades y empresas públicas, tendrán reducciones equivalentes. Para los altos cargos el recorte ascenderá al 5% del sueldo para los directores, el 6% para viceconsejeros, el 7% para los miembros del Gobierno y el 8% para el lehendakari, Patxi López. Todo ello con efectos desde el 1 de junio.
En su exposición de motivos, el texto legal recalca que el decreto del Gobierno central es "de aplicación obligada a todas las administraciones públicas". El Gobierno ha tenido en cuenta para aplicarlo "la situación de Euskadi y su autogobierno", destacó luego en un comunicado. Así, y aún siendo la situación "comparativamente mejor" a la del resto de España, las medidas se consideran "precisas" para reducir el déficit público y emprender el camino de una estabilidad presupuestaria que resulte compatible tanto con "el crecimiento económico y la creación de empleo como con el mantenimiento y desarrollo de los servicios públicos".
El proyecto de ley explicita también que el ahorro obtenido no se destinará en ningún caso a financiar otros gastos, sino que se dedicará exclusivamente a reducir el endeudamiento. Ello supone que el Gobierno no llegará al límite de endeudamiento previsto en los Presupuestos de este año (cerca de 2.000 millones).
La mayor repercusión en la rebaja de las retribuciones la notarán los afectados no tanto en las nóminas mensuales como en la próxima paga extra de Navidad. Los funcionarios verán también reducida a la mitad la aportación de la Administración a sus planes de pensiones, de empleo o contratos de seguros colectivos referidos a la jubilación.
La previsión para las entidades públicas pasa por una rebaja idéntica a la que sufre el funcionariado, incluido el caso de sus directivos, cuyas retribuciones no podrán superar las que reciben los viceconsejeros.
El proyecto de ley prevé también la rebaja salarial para los profesores de los centros concertados por la vía de la reducción en el capítulo de gastos de personal en los conciertos con esos colegios. El descenso supondrá una proporción análoga a la que se aplique a los docentes de los centros públicos. En el caso de la enseñanza universitaria, el personal docente e investigador, sean o no funcionarios, no se verá afectado por el recorte autonómico, ya que está directamente sometido al decreto ley del Ejecutivo central. No ocurre lo mismo con el personal de administración y servicios, al que si le será de aplicación la ley vasca.
Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno y su envío ayer mismo al Parlamento, la Mesa de la Cámara dará trámite al proyecto en su próxima reunión, prevista para el lunes. Sobre el papel podría debatirse en el siguiente pleno, el día 17, aunque el Gobierno dejó en el aire que pueda retrasarse al siguiente, el 24.
El Parlamento, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y otras instituciones que cuentan con capítulos independientes en los Presupuestos de la comunidad autónoma tendrán que abordar la aplicación de la ley también, tanto para los parlamentarios, en el caso de la Cámara, como para todo el personal que trabaja en ellas. En el caso del Parlamento existe un problema añadido: si se aplica la rebaja con el mismo criterio, sus empleados verán reducido su salario en mayor cuantía que el de las otras administraciones, porque apenas cuentan con complementos de los que han quedado a salvo de la tijera.
Las diputaciones, sin una propuesta fiscal común
Las diferencias entre las tres diputaciones van a impedir el próximo jueves cualquier decisión del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) sobre fiscalidad, a tenor de lo dicho ayer por el diputado general de Álava, Xabier Agirre, y confirmado por fuentes de la ejecutiva del PNV: las tres diputaciones acudirán a esa reunión sin la propuesta común que el
lehendakari,
Patxi López, les ha reclamado tras aflorar las discordancias entre ellos. La reunión que el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, mantuvo anteayer con los diputados generales generales (Agirre y sus homólogos de Vizcaya, José Luis Bilbao, y Guipúzcoa, Markel Olano)no arrojó un acuerdo suficiente para articular ya esa propuesta, que, según el PNV, no corre prisa.
Esa situación diluye las expectativas de que el OCT vaya a avanzar de modo significativo en la reflexión sobre la reforma fiscal planteada por el
lehendakari,
con una subida de los impuestos a las rentas más altas como bandera más visible. En relación con ella, Agirre dijo ayer en una entrevista en Radio Vitoria: "Las medidas que yo dije que estábamos estudiando estarán incluidas en la propuesta conjunta". Sin embargo, esa es una batalla que tiene aún que librar y ganar primero en el seno de su partido. Las relaciones entre Agirre y la dirección del PNV están enrarecidas, no sólo por esta cuestión y por el
caso De Miguel,
sino también por su negativa a ser el candidato de su partido a la alcaldía de Vitoria en 2011, lo que le pidió el propio Urkullu. La ejeutiva regional le ha vuelto ya a proponer para la reelección al frente de la Diputación.
El Ejecutivo, entre tanto, sólo puede esperar, con menor capacidad de acción que los presidentes de las comunidades de régimen común. Andalucía, por ejemplo, gravará las rentas por encima de 80.000 euros anuales en el tramo autonómico del IRPF.
La Ley de Concierto Económico señala en su artículo 1.2: "La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos (...) de los territorios históricos corresponde a las respectivas diputaciones forales". Al Gobierno le reserva únicamente la capacidad de armonización, en el caso de una discordancia territorial. El anterior Ejecutivo estuvo a punto de intervenir ante el mantenimiento del Impuesto de Sociedades por la Diputación de Guipúzcoa y el PNV no querrá ahora darle esa baza al Ejecutivo en ningún caso.
Fuentes de Economía pidieron ayer "sosiego" y aseguraron que el OCT continuará su trabajo el jueves "con las diferentes iniciativas y propuestas existentes". Todas ellas "tienen el objetivo común de adaptar el modelo tributario al actual contexto económico" de crisis, añadieron.
Las diputaciones saben como el Gobierno que "el actual sistema no es capaz de garantizar un nivel de recursos suficientes", destcaron. El Ejecutivo ha impulsado ya medidas en el OCT y seguirá colaborando en él "en el diseño y la toma de decisiones", independientemente de que las diputaciones presenten o no una posición concreta, concluyeron.
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