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Entrevista:IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO | Secretario general de CC OO | La reforma del mercado de trabajo

"Sospecho que el decreto será tan lesivo como para una huelga general"

Manuel V. Gómez

Ya está claro, la reforma laboral no será pactada. Si se trata de buscar un culpable, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo (Ferrol, 1952), lo tiene claro: CEOE y el despido, los chivos expiatorios tradicionales. También apunta al Gobierno, pero no al mismo nivel. Fernández Toxo ha tenido una semana intensa: huelga de funcionarios el martes, reunión maratoniana el miércoles y madrugada del jueves. Ayer recogía la propuesta de reforma laboral, de la que depende que al final los sindicatos vayan a la huelga general o no. Unas horas antes de recibir el borrador con el decreto de reforma, responde a las preguntas de EL PAÍS.

Pregunta. ¿Por qué no fue posible el acuerdo tras una reunión de 11 horas?

"El acuerdo no fue posible porque había una exigencia desmedida de CEOE"
"Me hubiera gustado una mayor respuesta al paro de funcionarios"
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Respuesta. No fue posible porque había una exigencia desmedida de CEOE. El Gobierno la atiende en parte, pero a lo que se ve, no es suficiente para ellos, que querían introducir una modificación radical de las causas del despido que haría todavía mucho más fácil y barato despedir trabajadores. Me parece alucinante que esa sea la realidad de la reforma laboral con la tasa de paro que tenemos.

P. El despido siempre es el detonante al final. ¿Es el elemento central del mercado laboral en España?

R. No. El problema principal es el de la temporalidad.

P. ¿No está relacionado con el despido?

R. No.

P. El Gobierno se ha sumado a quien lo piensa.

R. Nuestro problema es la altísima segmentación en el mercado de trabajo, del que la temporalidad es una parte, y esta tiene que ver con las sucesivas reformas laborales que se han hecho y cómo ha operado el modelo productivo español.

P. ¿Solo eso impidió el pacto?

R. No. También lo hizo imposible el intento de crear un corralito laboral para jóvenes menores de 30 años, a los que como única garantía se les ofrecía el 85% del salario mínimo interprofesional. Otro aspecto fue el intento indisimulado de generalizar el contrato de fomento de la contratación estable para abaratar el despido. Y, además, la apertura de la negociación colectiva a través de las cláusulas de descuelgue, no solo salarial, que en la práctica invalidarían los convenios.

P. ¿Perjudica a las tesis sindicales que la reforma laboral salga sin acuerdo?

R. Por eso hicimos una apuesta muy seria por la flexibilidad interna. Era la vía para facilitar la mejora de la competitividad española y de las empresas en particular. Hacer la reforma sin el acuerdo de empresarios y sindicatos tiene un muy difícil encaje.

P. Es evidente que en el trámite parlamentario por la composición del Congreso, las tesis sindicales pueden salir perjudicadas.

R. Efectivamente, y por eso cuando conozcamos el decreto decidiremos qué hacemos.

P. Eso es un eufemismo para no hablar de huelga general, ¿qué limites se tienen que superar para convocarla?

R. Una descausalizacion del despido que deriva en pérdidas de tutelas judiciales y de las garantías en la negociación colectiva que aumenten el poder discrecional de las empresas a través de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. También lo relacionado con los jóvenes tendría un grado de agresividad alto.

P. Pero en el caso de los despidos, un 80% son improcedentes.

R. Sí, hay que hacer cosas y lo hemos planteado.

P. ¿Qué?

R. Distanciar la indemnización del despido objetivo con causa del improcedente o disciplinario. Para ello hemos propuesto un modelo austriaco a la española, de manera que cuando una empresa de verdad se vea obligada a despedir acuda a la vía procedente y no a otras. Y hemos puesto sobre la mesa otra cosa: primar el uso de la flexibilidad negociada como alternativa al despido.

P. ¿Esperan de verdad que el decreto no sea lesivo? Es algo que está casi en su esencia.

R. No. Tengo escasa confianza porque he visto al Gobierno en la mesa de negociación y he leído sus últimos textos. Y ahí se contienen elementos lesivos para los derechos laborales en nuestro país.

P. ¿Tan lesivos como para ir a la huelga general?

R. Sospecho que sí.

P. ¿No les ha desanimado el resultado de la huelga de funcionarios?

R. Me hubiera gustado una mayor respuesta al paro. Estoy más satisfecho con la respuesta a las manifestaciones, más que con el paro. Ahora, conozco los condicionantes del paro: servicios mínimos o que solo convocáramos dos sindicatos en el general y tres sindicatos corporativos. Pero convertir esto en un test para posibles respuestas a otras medidas como la reforma laboral de naturaleza distinta no es adecuado.

P. ¿Pero condiciona la escasa respuesta del martes a una huelga general?

R. No.

P. ¿Ni en el calendario?

R. El calendario lo condicionan los tiempos. Julio es un mes poco útil para una movilización de esa naturaleza y habría que estudiarlo con el contenido del decreto en la mano. Tampoco es menor que la convocatoria de huelga tiene unos plazos legales.

P. ¿Sugiere que finales de junio es precipitado?

R. No lo sé aún. Tenemos que valorarlo con la UGT.

P. Sigue sin responder a la pregunta del calendario.

R. (Sonríe asintiendo).

P. ¿Resolverá la reforma laboral el problema del paro?

R. En absoluto. No hay una sola reforma laboral que permita maquillar las cifras del desempleo, salvo que se fuese a una locura de fraccionamiento de los salarios de la gente entre varias personas para hacer la misma actividad. Esto tendría un profundo sentido antisocial y antieconómico. Los problemas de la economía solo se superarán cuando se recupere la actividad económica. Es decir, que crezca la inversión pública y la privada. En todo caso, la reforma laboral tendría efectos complementarios a la inversión y el despegue de la actividad económica.

Ignacio Fernández Toxo, ayer en la redacción de EL PAÍS.
Ignacio Fernández Toxo, ayer en la redacción de EL PAÍS.ALBERTO FERRERAS

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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