Las cajas rehúsan negociar las bajas laborales y los cierres de oficinas

La reunión de ayer entre los directores de personal de las cajas gallegas y los sindicatos sirvió para templar los ánimos de la plantilla, arrinconada hasta ahora del proceso negociador de la fusión. La buena noticia para los empleados es que sus representantes tendrán en sus manos el día 14 (o antes) el borrador del plan de integración, lo que se ha interpretado como una muestra -inusual- de transparencia por parte de las direcciones. La mala es que no podrán negociar los cierres de oficinas o la cifra total de bajas que requerirá el proyecto. Serán las consultoras Deloitte y PriceWaterhouseCoopers las que dictaminarán las duplicidades y propondrán el sacrificio de las oficinas que no son rentables, sin tener en cuenta el guión marcado por el informe que la Xunta encargó a la consultora KPMG. En el planteamiento actual no se contempla, por el momento, la venta de parte de la red de oficinas, pese a que sí fue un compromiso exigido por el Banco de España.

Quizá porque ya lo daban por descontado, la valoración que ayer hicieron la mayoría de las centrales del encuentro fue positiva. "Por primera vez se nos recibe y nos empiezan a explicar algo", valoró Guillermo Prado desde UGT. Ese borrador del plan de integración es la columna vertebral del proyecto y en él las cajas deberán razonar su petición de 1.162 millones al fondo de rescate. Los consejos de administración lo ratificarán en una convocatoria extraordinaria que podría producirse a finales de la próxima semana. Después, el documento se remitirá al Banco de España para su aprobación antes del 30 de junio y posterior envío a Bruselas.

Será a partir de ese momento cuando se convoque la mesa que negociará cómo se llevarán a cabo las prejubilaciones, los traslados y la homologación de condiciones laborales. No está claro si habrá pacto diferenciado para la obra social y las filiales. Según la propuesta que han recibido las cajas, la mesa estará compuesta por seis miembros de CC OO, cuatro del sindicato independiente de Caixanova, tres de CIG, dos de UGT y uno de CGT. Cada organización podrá nombrar a otras dos personas y a un máximo de cinco asesores externos.Las críticas tras la cita de ayer llegaron de la CIG. "No nos dejan margen, se parapetan en que el Banco de España es el que aprueba las bajas para darlo todo por hecho, es inadmisible", denunció su secretario de banca, Clodomiro Montero. Las explicaciones que las centrales recibieron de Gonzalo Iglesias y Miguel Angel Prado, jefes de personal de Caixanova y Caixa Galicia, no dejaron dudas de que el objetivo principal de las directivas es el visto bueno del supervisor a su demanda de dinero público. "Ni si quiera nos han podido decir que no se cerrarán oficinas de aquí al día 15, cuando debe estar listo el plan de integración", deslizó Isabel Gayoso (CIG) desde el comité de Caixa Galicia. En su opinión, "supuestamente todavía no se han definido los excedentes laborales que conllevará la fusión, ni tampoco la estructura de servicios centrales que habrá". Todo ello apunta, según sus palabras, "a muy poco margen de negociación cuando el Banco de España haya validado la operación".

Nada que ver con el análisis de CC OO, que cree que, cuando se abra el ciclo con los sindicatos, "no habrá planteamientos cerrados, sino propuestas concretas a debatir con los representantes de los trabajadores. De otro modo no se podrían entender los pasos que se van a dar", asegura su secretario de banca Julián Valiente. UGT lo corrobora: "Nada de lo que está pasando significa que no vayamos a pelear con uñas y dientes en la mesa laboral", advirtió José Ramón Pliego. La patronal contará ahí con dos bazas extra: contratarán a los despachos Sagardoy y Ricardo Prada, expertos en derecho del trabajo, pensiones y beneficios sociales para dar cobertura legal al pacto.

Ayer también fue el día de los gestos y las llamadas a la unidad. Como el que protagonizaron los presidentes y directores generales de ambas cajas, que participaron en Vigo en la presentación de un documental apadrinado por la entidad coruñesa. Fue ahí donde su presidente, Mauro Varela, lanzó la idea de que juntas tendrán "la mayor red de implantación internacional de una caja de ahorros española", que no solo pensará en captar ahorro, sino en apoyar a las empresas que quieran salir al exterior. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cerró el acto elevando el tono solemne de su discurso cuando mencionó la "fuerza de la cooperación" como vía para conseguir que Galicia sea "uno de los pueblos más abiertos, libres y unidos de Europa".

Mientras, las 16 comisiones negociadoras siguieron trabajando en el diseño de las desinversiones y el gobierno de la caja fusionada. Estos días se están centrando en analizar la solidez del proyecto desde el punto de vista de la capacidad de gestión directiva. De nuevo otra consultora, Russell Reynolds, especializada en evaluar ejecutivos, se hará cargo del diagnóstico. Es, según explicaron las cajas, "otro de los requisitos formales que es preciso cumplimentar ante la petición de fondos del FROB". Los sindicatos cuestionan, sin embargo, que se esté echando mano de asesorías externas por partida doble (cada caja elige a las suyas) porque "no parece que se ajuste a la visión de dos empresas que quieren unirse".