Otros dos promotores reconocen extorsiones de ex concejales del PP

Los promotores de otros dos convenios urbanísticos de Gondomar, además de los que denuncian la extorsión de que eran objeto, acabaron reconociendo ayer, pese a sus reticencias iniciales y ante la perseverancia del fiscal, que también a ellos se les había exigido dinero como garantía de que sus proyectos inmobiliarios llegarían a culminarse. Los detalles estelares de la tercera jornada del juicio que se celebra en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en Vigo, fueron, sin embargo, los que recrearon la caza de los extorsionadores con la colaboración de Manuel Rodríguez, el promotor de A Pousa que hizo de cebo o gancho. "Mosquera y Alejandro funcionaban como una pareja de hecho en términos administrativos", afirmó de los dos ex concejales y principales imputados.

Al impulsor de un área comercial le pidieron comisiones a través del arquitecto

El promotor 'Tucho': "Me lo pidió Borja y luego Mosquera, directamente"

Vicente Alborch, un promotor que buscaba suelos para Mercadona y que ya había programado un área comercial en Gondomar, inauguró la jornada declarando por videoconferencia que un día, a mediados de 2006, el arquitecto Borja Ramilo le había comentado por teléfono que alguien le estaba pidiendo dinero por asegurar los fines de ese proyecto. "Le dije que eso tendría que hablarlo yo con el alcalde [Carlos Silva] y el concejal [de Urbanismo, Alejandro Gómez]".

Tanto en su caso como en la media docena de testimonios de promotores que desfilaron ayer por la sala, quedó patente que la gestión de sus operaciones precisaba de dos patas: la propiamente urbanística, que negociaban con el concejal Alejandro Gómez en el ámbito municipal y cuyo condicionamiento común era una edificabilidad más bien escasa, y la que asomaba José Luis Mosquera, a la sazón portavoz del gobierno local, con la ayuda del arquitecto Ramilo, y que se concretaba en la exigencia de 180.000 euros a cada uno.

A su vez, las garantías de que los convenios urbanísticos iban a alcanzar su objetivos estaban condicionadas por otros dos aspectos que se glosan en las conversaciones grabadas por la Guardia Civil y que también fueron ayer motivo de alusión constante.

Por una parte, la aprobación inicial del plan general que incorpora los convenios (fecha fijada para librar una primera entrega de la extorsión pactada), a partir de la cual podrían presentar alegaciones para incrementar la magra edificabilidad, con la seguridad de que serían aprobadas (segunda entrega) ya que, por otra parte, pero ligado a lo anterior, la operación implicaba al grupo socialista local, según insisten en comunicar los extorsionadores a sus víctimas.

Los tres concejales escindidos del grupo socialista, que habían formado el partido Move Gondomar, estaban comprometidos con los extorsionadores a no impugnar nada que pudiera afectar al desarrollo previsto de los convenios, ya que su financiación dependía de ello y tampoco habría problema con "el PSOE oficial, gracias al cambio de cromos que hemos pactado", dice Mosquera en una grabación, aunque el arquitecto Ramilo, al comentar esas noticias en otras grabaciones, le parece "un poco arriesgado quizás".

Tampoco se entienden estas resistencias del arquitecto. Tras la escisión de Move Gondomar, el "PSOE oficial", es decir, el grupo socialista local, había quedado reducido a una dimensión unipersonal, la del concejal Alfonso de Lis, que en el actual mandato se sumó en bloque con su grupo renovado a la moción de censura que instaló el actual gobierno de tránsfugas en el Ayuntamiento. Ramilo había construido entonces la casa del concejal y ambos trabajan con especial intensidad para José Fojo, constructor local al que De Lis, sobrino suyo, suministra los mobiliarios de aluminio que fabrica el edil en su nave ilegal de Oia. Por eso no se entienden los reparos del arquitecto con el actual concejal de Urbanismo de Gondomar, aunque sea una derivación meramente circunstancial, al margen del juicio.

"No nos negamos a nada, siempre y cuando tengamos una garantía", respondía Alborch a Ramilo. "¿Cuál?, ¿para qué?, ¿no tenían ustedes ya cubiertos todos los trámites pertinentes?, ¿no eran el ámbito urbanístico y la obra legales?", ensartó el fiscal. Vicente Alborch lo derivó a la tangente de la propiedad de los terrenos, sobre los que tenía una opción de compra, para que su titular afrontara la mitad del gasto que se les presentaba.

Otro promotor, Antonio Luis Pérez, Tucho, en su caso del denominado Polígono 10 de otro convenio, respondía al interrogatorio del fiscal de modo coriáceo y sinuoso. "Borja me dijo que había que pagar", afirmaba, para precisar que se refería al proyecto y que Alejandro Gómez, que era con quien trataba, nunca le conminó a pagar nada. Hasta que, atrapado y emplazado por el fiscal a aclarar en firme lo que decía, Tucho reventó: "Yo nunca dije que fuera a pagar. Pero fueron dos veces: Mosquera me pidió dinero directamente y a través de Borja".

Manuel Rodríguez contó que se prestó a hacer de gancho por su amistad con los socios de A Pousa. Grabó un encuentro con Mosquera con una cámara que camuflaron en su indumentaria los agentes del Seprona encargados del caso, que también dieron ayer cuenta del rigor de sus actuaciones y de un par de tentativas fracasadas por su inexperiencia en usar esas tecnologías.