El juez sostiene que la iglesia pagó favores a la trama de Patrimonio

La maraña judicial que envuelve el caso Retablo, una supuesta trama de corrupción generalizada en la restauración de arte sacro en Ourense y Pontevedra así como en la adjudicación de proyectos de albergues del Xacobeo y la Consellería de Cultura, y que acumula ya doce imputados, entre funcionarios, párrocos e incluso el ex obispo de Tui, José Diéguez Reboredo, añade dos nuevos protagonistas a este caso.

El titular del juzgado número 3 de Santiago que instruye el sumario, con más de 2.000 folios, acaba de aceptar que se personen para ejercer la acusación particular tanto la Xunta, donde trabajaban dos de los principales cabecillas de la red, el ex restaurador Carlos Gómez-Gil Aizpurúa y el arquitecto José Manuel Pichel Pichel, como la Asociación de Vecinos de Paraños en el municipio pontevedrés de Covelo.

El auto señala que Pichel viajó a Jerusalén a cuenta de la Iglesia

Los vecinos de Paraños se personan en el caso como acusación particular

A esta última entidad, el magistrado la considera perjudicada por la polémica venta que el Obispado de Tui hizo de la casa rectoral que los vecinos "mantuvieron durante años con su esfuerzo personal y económico" a Carlos Gómez-Gil Aizpurúa por 60.000 euros, de los que la Iglesia de momento sólo ha cobrado un primer plazo de 10.000 euros. Meses después de adquirir el solar con la vivienda, el propio Gómez Gil Aizpurúa, a pesar de que no había pagado ni un sólo euro por la propiedad, la colocó a la venta en Internet por un precio de 680.000 euros.

En los razonamientos jurídicos del auto firmado el pasado 11 de mayo, el instructor revela sus "sospechas" de que la enajenación del inmueble con una finca de 4.500 metros cuadrados por parte del Obispado de Tui-Vigo al funcionario de la Consellería de Cultura "puede ser calificada como gratuita y tener origen en el beneficio obtenido por la Diócesis de Tui-Vigo de la ilícita actitividad desarrollada por Carlos Gómez-Gil Aizpurúa en el ejercicio de su cargo en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural".

Para refrendar su tesis, el magistrado se apoya en varias de las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía a Gómez- Gil Aizpurúa, a quien se le imputan los delitos de tráfico de influencias y cohecho por las gestiones que realizaba desde la Consellería de Cultura, primero para decidir los beneficiarios de las subvenciones a la rehabilitación del patrimonio y posteriormente para premiar a a cinco empresas amigas con los contratos para acometer las obras.

Esa doble gestión, subraya el auto, es la que habría beneficiado a la Diócesis de Tui, por eso el juez concluye: "De ahí que pueda racionalmente inferirse que la citada casa fuese entregada como pago de favores al no ser otros los servicios que vinculan a Carlos [Gómez-Gil Aizpurúa] con el Obispado que los relativos a su cargo como restaurador de la consellería y que no ha pagado nada por la casa, ni parece que desde el Obispado se desee cobrar nada".

Para arropar sus argumentos, el magistrado transcribe un párrafo de la charla intervenida por la policía que el propio Gómez-Gil mantuvo con el párroco de Covelo, Juan Sobrino, también imputado, y en la que ambos intentan pactar un relato común ante la policía, una vez que saben que otros sacerdotes ya han sido llamados a declarar. Según la transcripción recogida por los agentes de la brigada especializada en delitos económicos del Cuerpo Nacional de Polícía, ambos pactan alegar que el bajo precio del inmueble es una forma de "agradecer los servicios prestados" por el restaurador a la Diócesis. En otra de las charlas intervenidas, Gómez-Gil presume de tener "muchas bazas" a su favor y cita al párroco de Redondela, don Benito, miembro de la comisión de Economía del Obispado que autorizó la venta de la casa, y que según Gómez Gil, se había comprometido con él.

El juez tiene en cuenta la documentación presentada por el Obispado -que relata varias de las enajenaciones de sus fincas e inmuebles realizadas durante los últimos 16 años, y añade copia del certificado del valor catastral de la casa rectoral de Paraños- pero sostiene que "de momento" no tiene "la suficiente fuerza para conjurar" sus sospechas. De hecho, sostiene, que "la forma de actuar del Obispado [en relación con el imputado Gómez Gil y la casa rectoral] no parece extraña a otros sujetos investigados, pues de la declaración de Manuel Montes Carballa [el empresario arrepentido que reveló a la policía las prácticas corruptas de la trama] y la documentación aportada a la causa resulta presuntamente que desde la Diócesis de Tui-Vigo se le ha pagado a Pichel [José Manuel, arquitecto de la Sociedad de Xestión do Xacobeo, que adjudicaba los albergues] un viaje a Jerusalén con la parroquia de Sobrino y se le han encargado a su estudio de arquitectura, probablemente a través de persona interpuesta, algunos proyectos por la financiación obtenida del Xacobeo para restaurar su patrimonio".

El auto subraya que ese "trato de favor y correlativo aprovechamiento" de los imputados y la Diócesis se desprende de varias de las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía, en la que los dos principales imputados de la red, Gómez-Gil Aizpurúa y José Manuel Pichel, alardean de su connivencia con las autoridades eclesiásticas.