44.000 procesos en cuatro sedes

Ana María Ferrer García habla con sosiego de todos los temas que tienen que ver con la judicatura madrileña. No en vano esta mujer de 51 años lleva 26 años como juez. Desde hace un año y tres meses, se encarga de dirigir los designios de la Audiencia Provincial de Madrid, un organismo en el que trabajan 135 magistrados y 531 funcionarios, a los que hay que sumar 31 secretarios judiciales. "Realmente lo que me gusta es estar en sala cuando hay juicio penal. Ahí es donde realmente uno ve que le pasa la vida por delante", reconoce.

La magistrada controla la ciudad y no solo a nivel judicial. Desde su despacho en la planta 11, se ve una gran parte de Madrid. Desde esa habitación, dirige las cuatro sedes en las que está dividida la Audiencia Provincial. Además de la calle de Santiago de Compostela, Ferrer dirige la parte de Civil, con sede en la populosa calle de Ferraz; la mercantil y la de Violencia contra la Mujer. "Ese es uno de los grandes problemas que tiene ahora la justicia en Madrid: la enorme dispersión de los juzgados hace que haya 22 edificios judiciales. Los profesionales perdemos mucho tiempo en ir de un lado para otro, pero también supone muy mala imagen para los ciudadanos, que muchas veces no saben dónde tienen que acudir", protesta. "La capital necesita cuanto antes una ciudad de la justicia en la que se unifique todo", añade. Ese megaproyecto del Gobierno regional y una de las principales apuesta de Esperanza Aguirre para esta legislatura está en dique seco desde hace un año por falta de presupuesto.

"Las mujeres tuvimos que luchar para ser aceptadas en la magistratura"

Ferrer ha pasado por cinco juzgados desde que ganó la oposición en 1983

Pero si la visión desde su despacho resulta interesante, lo es aún más la que tiene como presidenta de la sección 29 de la Audiencia. Desde unos inmensos ventanales domina la zona norte de la M-30, con las cuatro torres de la Castellana al fondo. "Como presidenta de la Audiencia estoy relevada del 80% de la carga de trabajo judicial, pero siempre que puedo acudo a las deliberaciones y a las vistas orales", reconoce.

Ferrer lleva 26 años en la judicatura. Licenciada en la Universidad Complutense de Madrid en 1982, un año después aprobó las oposiciones de juez. Su primer destino fue Valdepeñas (Ciudad Real), al que le siguieron Jaén y Aranjuez. Desde 1996, está destinada a la Audiencia Provincial. "Los primeros años fueron complicados porque las mujeres teníamos que luchar para ser aceptadas por los ciudadanos y, también, para poder ganar una plaza dentro del organigrama judicial. Nos ha costado mucho que nos fueran asimilando, porque cuando queríamos promocionar siempre nos recordaban nuestras cargas familiares", explica la juez. "La palabra que mejor define esos años es la de perplejidad, sobre todo, por parte de muchos compañeros. Este país ha cambiado mucho en estos 25 años y ya nadie nos cuestiona".

Cuando Ferrer empezó a trabajar en la Audiencia, la sede judicial estaba en la calle de Cartagena. Un antiguo edificio del Ministerio de Hacienda que fue reutilizado para los tribunales. "Era tan pequeño que los magistrados de una misma sección estábamos apiñados en un pequeño despacho. No se podía hablar ni con abogados ni con invitados sin que no se enterara nadie más", recuerda con cierta nostalgia.

Una de las cosas de las que se queja Ferrer es el alto volumen de trabajo que tiene la Audiencia Provincial. El año pasado atendieron 13.000 recursos en la jurisdicción civil y otros 29.000 en la penal. A eso se sumaron los 21.000 juicios como primera instancia (aquellos en los que se piden superiores a cinco años de cárcel), de los que 35 fueron por el procedimiento del jurado. "Somos el tribunal colegiado más grande de España", afirma con rotundidad.

Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya destacó en 2007 que la Audiencia Provincial debería tener 22 salas de lo penal, frente a las 15 actuales. "Creo que para llegar al nivel óptimo de funcionamiento y con el máximo rigor, debería haber al menos otras cinco o seis secciones más. Ahora tenemos 15 magistrados de refuerzo, pero no es suficiente dada la gran cantidad de casos que vemos", destaca la presidenta.

Otro caballo de batalla al que tiene que hacer frente Ferrer es la falta de medios. "Los programas informáticos se han quedado obsoletos y la renovación es muy lenta. La situación por la que atraviesa el país aconseja no hacer mucho despilfarro, pero hay determinados esfuerzos que deben priorizarse. Uno de ellos tendría que ser la mejora de la justicia", afirma la magistrada. "Las relaciones con la Comunidad de Madrid son cordiales, pero chocamos cuando tratamos temas de dinero", lamenta.

Perteneciente a la asociación Jueces por la Democracia, en su currículum tiene haber tramitado sumarios de gran relevancia pública como el del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, la de la ex directora del Boletín Oficial del Estado, Carmen Salanueva o los iniciados por la desaparición y muerte de Susana Ruiz, la niña de Vicálvaro cuyo cadáver fue hallado semidesnudo en 1993 en una escombrera.

Entre sus objetivos -a largo plazo- está llegar al Tribunal Supremo. "Pero, por el momento, no. Tengo un compromiso de cinco años en el cargo y mi intención es cumplirlo", concluye.