"Ayuntamiento y Consell bordearon la insumisión en el derribo del Cabanyal"

Político de larga trayectoria, primero en el PCPV, más tarde en Esquerra Unida, a la que representó en el Congreso de los Diputados y, desde finales de los noventa, en el PSPV-PSOE, Ricardo Peralta volvió, tras una etapa en que se dedicó al ejercicio de la abogacía, como delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana hace dos años. Peralta asegura que, en el conflicto de El Cabanyal, "Ayuntamiento y Generalitat bordearon la insumisión" en los derribos que condujeron a las cargas policiales contra manifestantes que trataban de impedirlos. Instalado provisionalmente en un edificio de la Tesoría de la Seguridad Social porque el palacio del Temple está en obras, Peralta dice que hay que esperar a que culmine la investigación judicial de aquellos incidentes y defiende el papel de un Gobierno convertido por el PP en "culpable de todos los males" mientras los escándalos de corrupción sacuden la política valenciana.

"Las pensiones mínimas van a mantener su incremento"

"No hay derribos porque el Gobierno está decidido a proteger el barrio"

"El AVE va a tener una repercusión mayor que en otras comunidades"

"El Gobierno asume el compromiso del corredor mediterráneo"

Pregunta. ¿Cómo se ven los problemas de Camps con la corrupción desde este despacho?

Respuesta. Sin que me corresponda marcar por dónde debe discurrir la vida política valenciana, he de decir que los veo con mucha preocupación. Desde febrero del año pasado, en que se destapó el caso Gürtel, hemos asistido a un proceso de degradación progresiva y constante. La tensión política ha ido in crescendo y las instituciones se han ido deteriorando. Las Cortes Valencianas han pasado a ser una Cámara de denuncia contra el Gobierno de España, olvidando que son una Cámara de control de la Generalitat. La Televisión Valenciana ha abandonado cualquier atisbo de objetividad, de libertad, y se ha conocido lo peor de su vida interna como empresa, sin que hubiera reacción alguna por parte de la Generalitat. Ahora que el Tribunal Supremo, por unanimidad, decide que los hechos que implican a Camps deben investigarse, la reacción del presidente de la Generalitat es liarse la manta a la cabeza, decir que 45 millones de españoles confían en su inocencia, como si el tribunal estuviera en otro mundo, y aquí no pasa nada.

P. ¿Esa situación ha contribuido al deterioro de su relación con los dirigentes valencianos?

R. Cuando llegué, ya me encontré una estrategia del Partido Popular de acusar de todos los males al Gobierno de España. Esa estrategia se ha incrementado en la medida en que la Generalitat ha revelado su verdadera situación financiera. Y es que no tiene más que deudas. Y, por tanto, no tiene capacidad para llevar a cabo ninguna política, absolutamente ninguna. La única que puede hacer, porque es barata y porque tiene un control muy importante del escenario mediático, es insistir en atacar al Gobierno de España. Utiliza su mayoría absoluta en las instituciones para ponerlas al servicio de esa política. Es lo único que sabe hacer el PP. Lógicamente, he de dedicar una parte significativa de mi tiempo a contestar a una gran cantidad de infundios, mentiras y acusaciones falsas.P. ¿Y no tiene en ello alguna responsabilidad el Gobierno al permitir, por ejemplo, que las licencias de ocho restaurantes en la playa parezcan más importantes que las obras del AVE?

R. Quienes han recibido a esos restaurantes son el presidente de la Generalitat, los consejeros y la alcaldesa de Valencia. Les ha dado cancha la televisión valenciana. El Gobierno lo que ha dicho y dice es que están funcionando con normalidad, que tienen concedido, como mínimo, lo máximo que permite la ley y que, incluso, estamos dispuestos a tener un trato flexible con ellos. Lo preocupante no es la situación de los establecimientos, sino que hay instituciones públicas que se han puesto a defender posiciones en contra de la ley.

P. ¿El duro ajuste económico que ha anunciado el Gobierno complicará todavía más la imagen del presidente Zapatero?

R. Este Gobierno, en seis años que lleva, ha subido las pensiones más que ningún gobierno, ha subido el salario mínimo, ha hecho una inversión pública en la Comunidad Valenciana como no había hecho nadie, ha mejorado la seguridad ciudadana, ha llevado a cabo actuaciones para cubrir las necesidades hídricas...

En este momento, tenemos unas reservas hídricas como nunca habíamos tenido. Estamos en puertas de recibir el tren de alta velocidad. Los aeropuertos valencianos duplican su capacidad gracias a las inversiones que están en marcha. Estamos a punto de terminar a finales de este año la posibilidad de circular por una autovía desde Alicante hasta muy al norte de la Comunidad Valenciana. A todas esas medidas se añade el hecho de que hemos mantenido el porcentaje de cobertura de la prestación de desempleo. Es verdad que el Gobierno adopta ahora unas medidas excepcionales. Pero me parecería tremendamente injusto que eso implicase una mala imagen de la actuación de este Gobierno.

P. ¿Pueden cuantificarse los efectos de las medidas de ajuste sobre la sociedad valenciana?

R. Sabemos, por ejemplo, que aquí hay unos 800.000 pensionistas, pero no todos van a ver suspendida la revalorización de sus pensiones porque las pensiones mínimas, que aquí son significativas, o las no contributivas, van a mantener su incremento. En el caso de los funcionarios, las medidas tienen efectos inmediatos en los empleados de la Administración del Estado, aunque en los funcionarios autonómicos y locales tienen que pasar por las normas que dicten esas instituciones.

P. ¿Pueden resistirse a aplicar el recorte?

R. Actuarían en contra de la ley, pero hemos visto ayuntamientos que han suscrito convenios por encima del límite, lo que nos ha obligado a impugnarlos.

P. ¿Prevé movilizaciones y conflictividad?

R. Preveo que las organizaciones sindicales manifiesten su disconformidad con estas medidas, pero tengo la absoluta confianza de que el nivel de responsabilidad que han demostrado en estos meses de crisis permitirá que la respuesta sea ajustada y razonable.

P. ¿Habrá incidentes tan virulentos como los de hace poco más de un mes en El Cabanyal?

R. Creo que será una respuesta ajustada y razonable.

P. La gente que conoce su trayectoria como abogado se pregunta cómo pudo dar las órdenes para una actuación de la policía como aquella...

R. Yo creo que la gente confía en que quien está al frente de una institución va a actuar de acuerdo con sus competencias y responsabilidades. Yo he sido abogado y la gente confiaba en que defendiera sus intereses. En estos momentos soy delegado del Gobierno y se espera que cumpla con mis funciones. Dejé claro aquellos días que no estaba de acuerdo con los derribos en El Cabanyal. Impugné judicialmente esos derribos y el Gobierno ha protegido el barrio de El Cabanyal y ha ido a los tribunales en contra de esa política del Ayuntamiento de Valencia. Precisamente por eso es por lo que entendemos que nadie puede tomarse la justicia por sus manos. Hay que tener confianza en los tribunales, que han suspendido las normas de la Generalitat que legalizaban los derribos. Ahora no hay derribos, esa es la realidad.

Es verdad que hubo unos incidentes. Pero lo importante es que no hay derribos en El Cabanyal porque el Gobierno de España ha puesto de manifiesto una voluntad clara y decidida de protegerlo.

P. De todas maneras, ha habido una gran polémica sobre las cargas policiales de aquellos días y llegó a abrirse una investigación interna...

R. El Gobierno abrió una investigación y de forma paralela se abrieron investigaciones judiciales por denuncias de algunos vecinos y por los atestados policiales. A la vista de esas actuaciones judiciales, por imperativo legal, quedó suspendida la actuación administrativa, a expensas de lo que digan los jueces.

P. Es decir, que la investigación interna queda en suspenso hasta que resuelvan los tribunales.

R. Por imperativo legal es así.

P. Hay una sensación de que la policía va por su cuenta, de que da igual quien mande en la Delegación del Gobierno.

R. Eso es radicalmente falso. Llevo dos años aquí, y sólo se puede hablar de incidentes en el caso de El Cabanyal. La policía no va por su cuenta. Dejé bien claro que asumía la responsabilidad. He de decir que una denuncia contra la policía por lo ocurrido aquel día ya ha sido archivada por los jueces. Me consta que hay otras actuaciones en marcha en el Tribunal Superior de Justicia porque había personas aforadas relacionadas con ellas. No sólo respeto esas actuaciones, sino que colaboro en ellas.

P. ¿Podemos decir que la investigación de El Cabanyal está pendiente?

R. Podemos tener la tranquilidad de que está en manos de los tribunales.

P. ¿Y la investigación interna?

R. Cuando se cierre la investigación judicial, confío en que descarte la exigencia de cualquier responsabilidad penal a los funcionarios policiales. Eso no sería óbice para que se pudiera reclamar algún tipo de responsabilidad administrativa. Es importante que se establezca si hay algún tipo de responsabilidad penal y eso es tarea exclusiva de los tribunales.

P. En cualquier caso, supongo que el de El Cabanyal no es su modelo ideal de intervención policial.

R. Confío en que este tipo de asuntos, en primer lugar, se resuelvan con una actuación responsable por parte del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat, que bordearon la auténtica insumisión. Una vez que el Ministerio de Cultura dictó la orden de protección del barrio y de suspensión del PEPRI de El Cabanyal, el Consell se reunió con carácter extraordinario y aprobó un decreto-ley que declaraba legales los derribos.

El Gobierno de España recurrió el decreto-ley ante el Tribunal Constitucional, que lo suspendió. A pesar de esa decisión, las Cortes Valencianas aprobaron una ley con el mismo texto que había suspendido el Tribunal Constitucional. Esa ley entró en vigor el 6 de abril, día en que el Ayuntamiento de Valencia comenzó los derribos. Estamos en presencia de una estrategia conjunta del ayuntamiento y la Generalitat de generar tensión y de llevar a cabo su política de derribo en El Cabanyal pasando por encima de todo, no sólo del Gobierno, sino también del Constitucional y de cualquier legalidad.

El Gobierno recurrió también esa ley y el Constitucional la volvió a suspender. Entre el día 6 y el día 9, el Ayuntamiento y la Generalitat aplicaron una política consciente, premeditada de derribar. Entiendo que eso generara crispación, rabia, rebeldía entre los vecinos. Pero creo que la respuesta adecuada es recurrir a los tribunales, que han paralizado los derribos.

P. Se ha hablado bastante de sus roces con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

R. Por la alcaldesa de Valencia sólo tengo el respeto que me merece una persona democráticamente elegida de forma reiterada. Dicho esto, tengo una visión política distinta y algunas de sus actuaciones, especialmente en el caso de El Cabanyal, me parecen de una irresponsabilidad absoluta.

P. Hablemos del AVE.

R. Va a tener una repercusión extraordinaria, mayor que en las otras comunidades donde se ha puesto en marcha. Ni en Sevilla ni en Barcelona, donde fue muy importante, tuvo el AVE el impacto económico, social, de ocio y urbanístico que tendrá en las tres capitales valencianas, a las que llegará este año a Valencia, en 2012 a Alicante y en 2014 a Castellón.

P. ¿Y el corredor mediterráneo?

R. Este Gobierno ha dado un giro muy significativo en ese tema. Aznar renunció a incluir el corredor mediterráneo en la red europea de grandes infraestructuras ferroviarias. Fue un error tremendo. Conseguir ahora que Europa le preste atención al proyecto es más complicado que entonces, pero el Gobierno de España ha asumido ese compromiso.