La Junta diseña un nuevo plan de ajuste tras el recorte de Zapatero

La consejera de Hacienda de la Junta tenía cerrada una cifra del recorte del gasto para cumplir el plan de estabilidad exigido por la Unión Europea (alcanzar un déficit del 3% en 2013). La iba a presentar después de discutirla en el Consejo de Gobierno, para empezar a reducir en el segundo semestre del año. No le ha dado tiempo. El drástico ajuste que la UE ha vuelto a reclamar a José Luis Rodríguez Zapatero ha frenado en seco a la titular de la cartera, Carmen Martínez Aguayo. La poda será más severa. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció ayer en el Parlamento andaluz que presentará un nuevo plan sobre el gasto que supone una reestructuración de las empresas públicas, además de reducir los salarios de todo el sector público -5% de media para los funcionarios y un 15% para altos cargos y funcionarios- y el gasto farmacéutico. El plan de estabilización de la Junta se presentará y debatirá en la Cámara antes de que en junio se celebre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que la comunidades autónomas acordarán con el Gobierno las medidas de ahorro.

Javier Arenas: "Es un atentado a las madres, pensionistas y dependientes"

Los portavoces de IU y PP lanzaron duros ataques por la izquierda y la derecha. Griñán se defendió con el argumento de que no habrá recorte del gasto social.El presidente de la Junta se ausentó el miércoles del pleno parlamentario para escuchar de boca de Zapatero los pormenores del reajuste. Como preámbulo a la primera de las preguntas de la sesión de control -la del izquierdista Diego Valderas- Griñán hizo un relato cronológico de la los últimos coletazos de la crisis y explicó: "En un principio, todos los países convenimos que había que utilizar el déficit público, y cuando se saliera de la recesión, volver a la senda de estabilidad". Sin embargo, el ataque al euro de los especuladores financieros y los bandazos de los mercados ha obligado a reducir el déficit, lo que se traduce en tajante restricciones.

A la bajada de los salarios de los funcionarios, recogida en el Capítulo 1 del presupuesto (gasto corriente) se suma el Capítulo 7, el de las transferencias de capital a las empresas públicas y participadas por la Junta. Esto quiere decir, explicaron fuentes del Gobierno, que las subvenciones a entidades como RTVA o cualquiera otra sociedad cuyo empleo dependa del sector público se reducirá en correspondencia al recorte de las retribuciones de sus trabajadores (del 5% al 15%).

Las mismas fuentes aseguraron que con la bajada de los salarios públicos -la Junta no puede actuar en los sueldos de los funcionarios al tratarse de una competencia estatal de obligado cumplimiento- será más fácil encajar el rompecabezas del plan de ahorro, ya que supone un balón de oxígeno para otras partidas que, si no se tocaban las retribuciones, hubieran tenido que suspenderse.

José Antonio Griñán negó con rotundidad que se fuera a reducir al gasto social, con el consiguiente barullo del hemiciclo. "Díganme cuál. En Dependencia, gastamos más que ninguna comunidad, somos los que más dependientes reconocemos del conjunto del Estado, los que tenemos una cobertura más alta del desempleo; en sanidad gastamos más de lo que crece el PIB y los ayuntamientos verán incrementados su fondo de nivelación en un 25%".

En su debate con el líder de la oposición, Javier Arenas, el presidente de la Junta le pidió al popular que (en su condición de vicesecretario nacional de Política Autonómica del PP) proponga a sus compañeros de otras comunidades que la ley de Dependencia se financie por "reconocimientos efectivos de prestaciones, y no teóricos". En Andalucía hay 155.550 beneficiarios reales, mientras que las cinco comunidades del PP más pobladas suman entre todas 150.505 personas atendidas. "Si se hiciera por reconocimientos reales, Andalucía no tendrá que hacer recorte ninguno", aseguró Griñán.

Mientras que para Diego Valderas el papel que jugó ayer en la Cámara ha sido uno los más ajustados al perfil de su fuerza política en lo que va de legislatura, Javier Arenas recurrió a una imaginaria vara de funámbulo para hacer equilibrios entre la defensa de reformas duras (que viene reclamando) y el ataque a Griñán con argumentos de la izquierda. "Estamos ante un mazazo a los más débiles, ante el recorte en el gasto social que antes era sagrado y ante una salida de la crisis con políticas de derechas", dijo Valderas, quien atribuyó al PSOE una "mutación ideológica vergonzosa".

Arenas, sin embargo, salpicó su discurso de frases efectistas -como "la fiesta ya se ha acabado" o "los pilares del estado del bienestar se tambalean"- hasta erigirse en el abogado de gastos sociales a los que se ha opuesto otras veces. "Esto es un atentado contra las madres [por la supresión de cheque-bebé], los pensionistas y los dependientes", dijo.

Desde que se conoció la restricción del sueldo de los funcionarios, PSOE y PP emprendieron un alocada carrera por ser los primeros en proponer idéntica merma para los políticos (diputados), que ayer tuvo su traducción en el duelo de los líderes. Fue Arenas el que empezó con una retahíla sobre San Telmo como paradigma del despilfarro de la Junta, para extenderse después a los altos cargos y el sueldo del presidente, a quien le ofreció su ayuda para lograr un incremento. Griñán remató así: "No le decía que quería ganar lo que usted, sino que usted ganara lo que yo, que se lo bajara [Arenas cobra como senador más que Griñán]".