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El Supremo pone fin al proyecto de central térmica en Morata

Jesús Sérvulo González

El Tribunal Supremo ha echado por tierra el proyecto de construir una central térmica de ciclo combinado en el municipio de Morata de Tajuña. El alto tribunal ha anulado un acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de junio de 2007, por el que se declaraba el proyecto bien de utilidad pública. Esta calificación aceleraba los trámites y allanaba el camino para construir la central eléctrica en este municipio madrileño, de 7.200 habitantes.

El Supremo, en dos sentencias, estima los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid y la asociación Ecologistas en Acción contra la declaración de utilidad pública. Uno de los argumentos para sustentar la impugnación fue que la factoría eléctrica estaba situada a 1,7 kilómetros del núcleo urbano, cuando la distancia mínima para este tipo de instalaciones es de dos kilómetros.

El proyecto para instalar una central térmica en Morata de Tajuña generó una dura protesta en el municipio. Hace un par de años, una decena de concejales del municipio, de todos los signos políticos, se encerraron durante varios días en el Ayuntamiento para protestar contra la planta eléctrica que generaría 1.200 megavatios. Los ediles amenazaron con dimitir si el plan impulsado por Industria seguía adelante.

Ecologistas en Acción denunciaba que la planta emitiría casi 500 toneladas de CO2 en una hora y cerca de 400 kilogramos de óxidos de nitrógeno. Además, estaría junto a la cementera de Portland Valderribas, otra planta con una gran emisión de CO2. Los ecologistas advirtieron también de que la zona estaba ambientalmente protegida.

El proyecto tampoco contaba con el beneplácito de la Comunidad de Madrid, que ha intentado frenar el proyecto por vía judicial. Un portavoz del Gobierno regional recordó ayer que "la sentencia respalda la posición de la Comunidad".

Ahora el Supremo asegura en el auto: "No cabe declarar la utilidad pública de una instalación eléctrica sin aprobar simultáneamente el proyecto ejecutivo, pues no cabe admitir abrir la vía expropiatoria y la ocupación urgente de bienes y derechos sin contar previamente con la relación concreta e individualizada definitiva de los bienes y derechos afectados".

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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