Los ancianos del geriátrico de Mutxamel estaban "adormecidos"

"Encontré a mi amiga, antes una mujer muy alegre, poco habladora, adormecida, como si estuviera drogada". La afirmación la realizó ayer un testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia de Alicante contra la directora y dueña de un geriátrico acusada de amañar a su favor los testamentos de siete ancianos de la residencia. Por su parte, el notario que avaló las escrituras declaró que los ancianos "estaban lúcidos y conscientes". La realidad sobre el estado de salud mental de los afectados por la supuesta estafa se desvelará hoy cuando comparezcan ante la sala los médicos.

La procesada, María Josefa Sánchez Díaz, se enfrenta a un total de 11 años y 9 meses de cárcel por siete delitos de estafa, según la calificación inicial del fiscal. Los hechos ocurrieron entre 1996 y 2002 en la residencia de la tercera edad Santa Teresa de Jesús, en el municipio de Mutxamel. La acusada es la directora y dueña del centro. El ministerio público también fija una indemnización global de 224.000 euros para los familiares de los ancianos. El fiscal pide, además, la nulidad de una decena de escrituras notariales en las que otros afectados cedían propiedades o dinero y joyas a la dueña del geriátrico.

Familiares aseguran que Sánchez no les dejaba hablar a solas con los internos

En la sesión de la vista oral de ayer, también declaró ante el tribunal un segundo testigo, a su vez, amigo de otra de las ancianas que testó en favor de la acusada. Este hombre señaló al tribunal que encontró a su vieja amiga "muy cambiada". "Presentaba un cambio radical, a peor", precisó el testigo. El hombre confesó a la sala que durante todo el tiempo que duró la visita con su amiga, una hora aproximadamente, la propietaria de la residencia estuvo presente. "Estaba pegada a nosotros y no nos dejaba que hiciéramos comentarios a solas", relató. "En un descuido de María Josefa [la acusada] mi amiga me dijo que tuviera cuidado y no hablara mucho en presencia de ella", añadió el testigo.

La versión ofrecida por estos dos testigos amigos de las víctimas de la supuesta estafa contrastó con el relato que ofreció al tribunal Fernando Salvador, notario de Mutxamel, que avaló las escrituras públicas. Este testigo aseguró que su relación con la acusada era meramente profesional y que en todos los casos que tramitó siguió el protocolo oficial del colegio notarial. "Les advertí de la importancia de los documentos y de su alcance", dijo. El profesional señaló que los ancianos estaban en pleno uso de sus facultades mentales, "conscientes y coherentes", puntualizó. El notario informó a la sala de que este tipo de trámites (testamentos de ancianos en favor de dueños de residencias) son comunes en otros geriátricos.

La acusada, en su declaración del martes a la sala, negó las imputaciones. Sólo admitió su participación en dos de los siete casos, "pero para saldar las deudas contraídas por su estancia", precisó. La mensualidad media por estancia era de unos 1.200 euros. No obstante, el fiscal mantiene que la dueña de la residencia se aprovechó de la "situación de desamparo y soledad" de los ancianos y se prevalió de la dependencia física y psíquica de estas personas de avanzada edad para mediante "artimañas" lograr que la declararan su heredera universal.