Lenta regulación

La crisis financiera desencadenada hace casi tres años desveló importantes anomalías en el funcionamiento de los sistemas financieros más avanzados del mundo. Desde los supervisores estadounidenses hasta las agencias multilaterales convinieron en que la respuesta necesaria a ese amplio repertorio de fallos de mercado, deficiencias en la gestión de riesgos y en las tareas de los supervisores, además de no pocas tropelías e ilegalidades, era el fortalecimiento de la regulación financiera. Se entiende que no se trataba de aumentar el número de regulaciones, sino de imponer normas más acordes con la complejidad operativa de los mercados y, en todo caso, con verdadera proyección global.

Que fuera el G-20 la instancia desde la que inicialmente emergieron esas pretensiones reformadoras era un signo de esperanza. En ese grupo concurren las economías más avanzadas, pero también aquellas otras consideradas emergentes que se han revelado esenciales en la gestión de la crisis: China, India, Brasil, entre otras. Los excedentes de divisas de algunos de los emergentes han contribuido a amortiguar los estrangulamientos de liquidez originados por la crisis, además de financiar los déficits de ahorro de algunas grandes economías. Su papel en las finanzas globales seguirá siendo de primer orden.

Para la definición de esos propósitos reformistas está siendo también esencial la actitud del Fondo Monetario Internacional, de gran flexibilidad política, capacidad de iniciativa y eficacia sin precedentes. Ha sido la única institución que en la última reunión, la pasada semana, de los ministros de finanzas del G-20 ha llevado propuestas concretas que, lamentablemente, los gobiernos de las economías avanzadas han vuelto a postergar. La tasa bancaria, destinada a constituir un fondo susceptible de financiar los rescates bancarios en próximas crisis, es una de ellas.

Entre las actitudes más conservadoras y resistentes a la introducción de reformas (como la tasa comentada), destaca el BCE. La presidencia española no supo vencer las resistencias que Trichet expuso durante el último Ecofin en Madrid. Tratar de evitar que las consecuencias de los errores bancarios los vuelvan a pagar los contribuyentes y, en última instancia, los ciudadanos que sufren las consecuencias de la recesión, es lo mínimo que deben hacer las autoridades. Actuar sobre las políticas de remuneraciones de los directivos de la banca, en especial cuando se benefician de ayudas públicas, es una de las condiciones para evitar que esta crisis no acentúe la desafección que ya existe en no pocos países respecto a las instituciones bancarias y sus supervisores.

En economías como la española, una de las más bancarizadas de Europa, esos riesgos son particularmente graves. Las empresas sufren y el paro aumenta porque, entre otras razones, el sistema bancario sigue racionando el crédito. Su reestructuración, en especial la de las cajas de ahorro, está empezando a distanciarse de los criterios de racionalidad técnica que debería imponer el Banco de España. La prolongación de la interinidad abierta hace ya demasiado tiempo se va a convertir en un factor de agravamiento de la crisis y de erosión del respeto a instituciones económicas básicas en nuestro sistema. Liderar la regulación financiera sin hipotecar los intereses de la mayoría de los ciudadanos es una obligación esencial de las autoridades económicas españolas. -