El PP aplaza la decisión sobre si se difunde la lista de bienes de López Viejo

La Mesa de la Asamblea de Madrid, que cuenta con una mayoría de miembros del PP (cuatro de siete), aplazó ayer la decisión sobre si debe hacer públicos los bienes del ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel.

Los socialistas habían reclamado la semana anterior el acta notarial sobre los bienes que López Viejo presentó al jurar el acta de diputado, pero también el documento en el que dio cuenta de su patrimonio al tomar posesión como consejero, más las declaraciones del impuesto de la renta y del de patrimonio, que estaba obligado a entregar cada año mientras mantuvo el cargo antes del 30 de noviembre.

La Mesa de la Asamblea decidió ayer que sea la Comisión del Estatuto del Diputado la que decida sobre la primera cuestión. Además, la presidenta, Elvira Rodríguez, pidió a los socialistas que justifiquen la segunda petición."Son tácticas dilatorias", consideró la diputada socialista, Helena Almazán, miembro de la Mesa, que aseguró que la falta de transparencia sobre los bienes de López Viejo supone que el PP, que controla la Cámara regional, protege "por acción o por omisión" a los tres diputados imputados en el Gürtel. Esta diputada puntualizó que su grupo plasmará por escrito la "motivación que conoce todo el país [para averiguar los bienes de López Viejo]", y que sus representantes en la Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado "defenderán la necesidad de conocer la declaración notarial de bienes" del ex viceconsejero y parlamentario imputado.

El PSOE pretendía acceder al patrimonio declarado por López Viejo al principio de la legislatura para comprobar si a través de sus bienes ha podido configurar el pago de la fianza de 750.000 euros que le impuso hace un año el juez Pereira en concepto de responsabilidad civil. Según la Cadena SER, presentó como aval un chalé de lujo cuya escritura refleja que él y su mujer desembolsaron ante notario 1,2 millones de euros, en febrero de 2008, y que cancelaron automáticamente otro medio millón.

El PP también rechazó ayer en la Mesa una proposición no de ley de los socialistas en las que planteaban, como han hecho en el Senado, que los meses de enero y julio sean hábiles y haya plenos de la Asamblea. "No se ha admitido", explicó la diputada. Según Almazán, el PP esgrimió el argumento de que las proposiciones deben contener cuestiones que sirvan para impulsar la acción del Gobierno regional. "Es bastante peregrino", afirmó la diputada, que asegura que de las 70 proposiciones no de ley presentadas por el PP, "el 80% iban dirigidas al Gobierno de la nación y no a orientar al Ejecutivo regional". El PP no quiso comentar las decisiones de la Mesa.