Morón aparta a tres funcionarios que rechazaron alterar una oposición
La Junta de Andalucía cree que el Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), gobernado por el PP, puede incurrir en un delito de prevaricación si no anula el expediente disciplinario que abrió a tres funcionarios que rechazaron alterar las calificaciones de un concurso de oposiciones para administrativo. Los trabajadores, que formaban parte del tribunal de selección, están suspendidos temporalmente de empleo y sueldo.
En un requerimiento, la Delegación de Gobierno en Sevilla advierte al gobierno local de que ha podido incurrir en un supuesto delito de coacción a los funcionarios y otro de principio de proporcionalidad. Motivo suficiente para su impugnación, subraya la Junta, ante el Tribunal Constitucional por vulnerar la ley. También estima un posible delito de igualdad en el intento de predeterminar las pruebas selectivas.
El Gobierno andaluz también sospecha que puede haber un delito de falsificación de documento privado porque la firma de un aspirante es diferente en dos documentos.
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