La Vila plantea una multa de cinco millones a un promotor
Un juez ha obligado al Ayuntamiento de La Vila Joiosa, gobernado por el PP, a abrir un expediente por infracción urbanística a la firma Promociones Beniardà por irregularidades en un proyecto de reparcelación de unos terrenos en primera línea del mar. El consistorio ha acatado la resolución judicial y propone una sanción de cinco millones de euros al promotor Antonio Solana.
El Ayuntamiento sostiene que la propuesta de multa es equivalente al beneficio económico obtenido por la venta de la parcela ilegalmente segregada. La propuesta de sanción es la más abultada que plantea el consistorio, sólo superada por los 12 millones que el Consell impuso al promotor del hotel Atrium.
A raíz de un recurso del edil independiente Pedro Lloret, el juzgado de lo Contencioso-administrativo número tres de Alicante anuló el 21 de marzo de 2007 la segregación de 11.220 metros cuadrados de un total de 33.213, ya que la parcela era indivisible de acuerdo con el plan parcial aprobado. Más de tres años después se ha incoado el expediente contra una infracción que hubiera prescrito en 11 meses, aunque el consistorio había iniciado ya la ejecución de la sentencia en abril de 2009, requiriendo la modificación de la escritura para que fuera inscrita la indivisibilidad de la parcela.
Promociones Beniardà construyó cuatro torres que suman 162 viviendas en primera línea de la playa del Paradís de La Vila, agotó la edificabilidad total de la parcela de 33.000 metros, pero se reservó la superficie vacante de 11.220 metros cuadrados de uso hotelero para venderla.
Suelo para un hotel
La promotora vendió el suelo hotelero sin obtener beneficio alguno a la empresa Construcciones y Desarrollos Playa de Poniente, SA, con la que compartía administrador único. Finalmente, en julio de 2005 fue vendida a El Bosque Vila Joiosa, SL por 8.173.764 de euros. Esta empresa solicitó la licencia de obras el 2 de junio de 2006 para la construcción de un hotel, centro de congresos y spa, que le fue concedida por decreto del anterior alcalde popular, José Miguel Llorca, el 23 de mayo de 2007, cuatro días antes de las elecciones municipales.
La transmisión previa entre las empresas de Solana se hizo para que el comprador definitivo tuviera la condición de tercero de buena fe que contempla la ley hipotecaria, tal y como la propia empresa alegó en su defensa ante el consistorio.
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