Camps y Alarte acentúan la presión contra la reserva hídrica del Tajo

La presión de las dos principales fuerzas políticas valencianas contra la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos anuales sobre el río Tajo, incluida en el borrador del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, se acentúa a unos días de su discusión en la comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Si el pasado jueves era el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, quien se reunía con los regantes en Elche para reiterar su total oposición a la reserva y hasta la senadora y secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, daba garantías a los alicantinos de que el trasvase Tajo-Segura "no peligra", hoy tiene previsto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reunirse en Murcia con su homólogo Ramón Luis Valcárcel, también del PP, para defender la transferencia.

El líder socialista considera "una grave irresponsabilidad" el texto estatutario

Alarte apostó desde el principio contra cualquier limitación del trasvase

Alarte se ha enfrentado a su correligionario, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en este asunto y ha desplegado una fuerte oposición en el seno de su partido a que el Estatuto castellano-manchego incluya no sólo una fecha de caducidad, como se recogía en el primer borrador, sino tampoco reserva hídrica alguna, aunque no tenga carácter normativo, como es el caso, por estar recogida en el preámbulo. Cuando el pasado día 8 de abril la ponencia dictaminó a favor del texto estatutario con el apoyo del PSOE y la abstención del PP, Alarte hizo público un duro comunicado en el que calificaba de "grave irresponsabilidad" que se recogiera la reserva hídrica en el texto y anunciaba su intención de "impedir por todos los medios orgánicos e institucionales" a su alcance que prosperara la iniciativa.

Ayer, el vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, señalaba que "ningún estatuto autonómico puede poner en peligro la distribución solidaria del agua" y señalaba que, en su opinión, nueve artículos del proyecto castellano-manchego incurren en inconstitucionalidad.

Cotino acusó, una vez más, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de querer perjudicar a los valencianos y Alarte, por otro lado, ha reiterado su acusación a Camps de haber hecho "dejación de funciones" en la defensa del Tajo-Segura.

Mientras tanto, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, apuntaba ayer que el proyecto no saldrá adelante si el PP no lo apoya el miércoles en el Congreso."Se habrá concretado una traición", dijo en Toledo el presidente castellano-manchego, el socialista José María Barreda, en referencia a la posibilidad de que el PP no apoye el miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso el texto propuesto para el Estatuto de la región. "Necesitamos apoyos, pero los apoyos que yo quiero no son los de los nacionalistas exclusivamente [CiU votó a favor en la ponencia], los apoyos que quiero son los del PP, que fueron los que votaron a favor de nuestro Estatuto en las Cortes regionales", dijo Barreda, que aludió a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y líder de la oposición en Castilla-La Mancha.

"Hasta ahora viene siendo verdad que la última palabra en los temas del agua en el Grupo Popular la tienen Camps y Valcárcel", añadió Barreda en referencia a la reunión que hoy mantendrán los presidentes valenciano y murciano. "Lamentablemente, así han sido las cosas hasta ahora, y espero que cambien y que la última palabra en el tema del agua y, sobre todo, la última palabra en el Estatuto de Castilla-La Mancha en el PP no la tenga Valcárcel, la tenga Cospedal".

Las declaraciones de Barreda se producían tras las manifestaciones del presidente del PP, Mariano Rajoy, en una entrevista publicada ayer, en la que abogaba por un "consenso" sobre el estatuto castellano-manchego "que satisfaga a las tres comunidades autónomas". El vicepresidente del Consell, Juan Cotino se pronunciaba ayer en un sentido parecido al pedir que "se posponga la reunión de la Comisión Constitucional hasta que se alcance un consenso en materia hídrica". Los populares, pues, tratan de mantener abierto el asunto para que el papel de Cospedal no sea tan desairado. Precisamente por lo contrario, Barreda retirará el Estatuto si el PP no lo apoya y la culpará de no haber sabido imponerse.

Consciente de las contradicciones del PP en el tema, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alrate, adoptó desde el principio una actitud contundente ante las contradicciones que también levanta la pretensión castellano-manchega en el seno del PSOE y apostó por retar a Camps a enfrentarse con la secretaria general de su partido mientras se manifestaba dispuesto incluso a propiciar el voto contrario al proyecto estatutario por parte de los diputados socialistas valencianos. Aunque el Gobierno, cuyo deseo es sacar adelante todas las reformas estatutarias, ha intentado hacer viable la postura de Castilla-La Mancha, rebajando su reclamación sobre el Tajo a una declaración de intenciones en el preámbulo del Estatuto, la oposición de Murcia, pero sobre todo la de los valencianos, que Alarte ha tensado, sitúa la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos al borde del naufragio.