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El centro Nevada busca una solución a las puertas del juicio

Administraciones y promotor intentan legalizar la licencia

El que se proyectó como centro comercial más grande de Andalucía, el Parque Nevada, en Armilla (Granada), lleva tres años con las obras paralizadas por orden judicial pero parece enfilar una solución, aunque no va a ser inminente. El martes está previsto que comience el juicio para determinar las posibles responsabilidades penales de los 11 imputados, entre los que se encuentran el que fuera alcalde socialista de Armilla, José Antonio Morales Cara, el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate y el promotor del centro, Tomás Olivo.

Pero en la singular historia de este accidentado proyecto también copa una parte importante la jurisdicción contencioso-administrativa. Por esta vía se instó hace ya un año a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Armilla a revisar la licencia de obras otorgada y buscar así "soluciones alternativas" en aras de los intereses públicos y económicos implicados. El juez de lo Contencioso-administrativo 1 de Granada no anuló la licencia puesto que no se impugnó en plazo y apostó por una nueva resolución modificando el proyecto o aprobando incluso una nueva normativa siempre dentro de la legalidad.

Las obras del centro comercial llevan tres años paradas por orden judicial

Esa negociación, que se produce a tres bandas entre Junta, Ayuntamiento y promotor, se ha intensificado en el último mes, según reconocen las propias administraciones implicadas, que confían en llegar pronto a un acuerdo. Y aunque la jurisdicción penal prevalece sobre la administrativa, es este ámbito el más "adecuado" para "juzgar sobre la naturaleza de la licencia concedida (...) sin que el pronunciamiento que se dicta tenga por qué tener relevancia o consecuencia alguna en el ámbito penal", según detalló entonces el juez en dicha resolución.

De este modo, el acuerdo que alcancen las partes no va a interferir en el juicio penal, si bien no deja de ser significativo que se intensifiquen precisamente ahora esas negociaciones. Hay que recordar que además de las responsabilidades penales, el fiscal pide la demolición total del centro por las sucesivas irregularidades cometidas, aunque considera también la posibilidad de demolerlo parcialmente y crear así un "verdadero anillo verde" entre el centro comercial y las viviendas colindantes. Las negociaciones se centran en ese punto y no descartan derribos parciales.

Alrededor de 80.000 metros cuadrados para zonas verdes y equipamientos tendría que ceder el promotor entre solar y espacios libres, puesto que superó en mucho la edificabilidad permitida. Cambios en la normativa y planeamientos también son precisos, así como demoler partes de un centro que impermeabiliza 123.000 metros cuadrados de Vega y contiene 275.000 metros sin cumplir la legalidad urbanística. Sólo en suelo público y no urbanizable destinado a zonas verdes y dotacionales los peritos cifran en casi 40.000 los metros cuadrados perdidos por su construcción. No se descarta desplazar viales, ya que por ejemplo uno fue suprimido por este proyecto anteponiéndose así el interés particular al general.

El informe pericial cree "necesario", como también sostuvo posteriormente el fiscal, la demolición al menos de lo construido en suelo no urbanizable, dotacional y de espacios libres. Los peritos detallaron el particular crecimiento del proyecto desde que se consideró por primera vez en 1996 hasta lo construido en 2007: en superficie contemplaba en 1996 cerca de 67.000 metros cuadrados, que pasaron a ser 120.000 en 2005 y casi 123.000 los realmente construidos; el incremento de altura de las plantas supuso en términos de volumen 170.000 metros cúbicos más; y las plantas -sin contar la inferior de aparcamiento- pasaron de casi 61.000 metros cuadrados en 1996 a 156.000 realmente construidos.

En este proceso, denunciado por el PP -partido que no se opone a su apertura en sí-, se incumplió la legalidad vigente con "reiteradas vulneraciones del planeamiento" y una edificación por encima de lo legal y razonablemente "exigible" considerando, por ejemplo, planta sótano a un espacio cuyo techo está 4,80 metros por encima de la calle contigua. Los miembros del equipo de gobierno municipal que dieron luz verde al centro comercial fueron expedientados y suspendidos de militancia por el PSOE, partido del que se dio de baja el ex regidor.

Las peticiones del fiscal

- Para José Antonio Morales Cara (ex alcalde) y Gabriel Cañavate (ex concejal de Urbanismo) pide dos años de cárcel, 20 de inhabilitación para cargo público y una multa de 10.800 euros al atribuirles posibles delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio e infidelidad en la custodia de documento público.

- Para el promotor Tomás Olivo, imputado en la Operación Malaya, el fiscal solicita dos años y dos meses de prisión, dos años de inhabilitación y la misma multa de 10.800 euros por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave.

Cuatro concejales, dos arquitectos, un abogado y una letrada de Diputación se enfrentan a la petición de ocho años de inhabilitación por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio o prevaricación, según el caso

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de abril de 2010

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