A vueltas con la reforma

El Gobierno ha remitido a los agentes sociales una nueva propuesta de reforma del mercado de trabajo, que ha sido acogida con escaso entusiasmo y críticas.

Entre las medidas propuestas figuran la ampliación del contrato de fomento del empleo indefinido a todos los colectivos (contrato que cuenta con una menor indemnización en caso de despido); la reducción de una parte de los costes del despido colectivo (asumida por el FOGASA); el fomento de la reducción de jornada como alternativa al despido; o el establecimiento de un plazo máximo de duración al contrato de obra o servicio determinado.

Respecto a la contratación parcial, el Ejecutivo se inclina por eliminar la posibilidad de realizar horas complementarias, fijando dos modalidades: una con horario cierto y fijo de trabajo, sin posibilidad de cambiarlo, y otra en la que el empresario podría variarlo con un preaviso mínimo a concretar, que admitiría además la posibilidad de hacer horas extraordinarias.

No descarte buscar trabajo desde su puesto actual y a pesar de la crisis

Una medida polémica es la propuesta de "recuperar en la práctica la causalidad del despido y el derecho a la tutela judicial efectiva, profundizando en como deberían regularse ciertas prácticas que han desnaturalizado los procedimientos de extinción del contrato". Pretende acabar con el "despido rápido", por el que el empresario puede despedir a un trabajador si reconoce el despido como improcedente y en 48 horas le indemniza, sin necesidad de abonarle salarios de tramitación.

Pero quizás la más llamativa de las propuestas sea la de estudiar la aplicación del "modelo austriaco", un sistema con el que se pretende reducir el coste del despido, sin merma de los derechos del trabajador. Mediante esta fórmula la empresa aporta a cada trabajador periódicamente una cantidad, creando así una especie de fondo de indemnización por despido, a la cual puede acceder el empleado en caso de despido o como suma adicional a la pensión al final de su vida laboral.

Estamos ante una propuesta que deberá concretarse en futuras negociaciones; aunque hay que recordar que es al Gobierno al que corresponde llevar a cabo las reformas necesarias para adaptar el mercado de trabajo a la situación económica generada por la crisis. La negociación y el consenso son deseables, pero no al coste de paralizar la política social.