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Milagrosa Martínez se autoabsuelve

Dice haberse ajustado a la legalidad cuando era consejera de Turismo y aceptó un regalo de Orange Market tras otorgarle el pabellón en Fitur y varios contratos a dedo

"Todas y cada una de mis actuaciones se han producido dentro de la más absoluta legalidad". Así dijo ayer que ha desarrollado siempre sus tareas políticas, cuando fue alcaldesa de Novelda, cuando fue consejera de Turismo y ahora, que es presidenta de las Cortes Valencianas. Tras esta sumaria declaración en los pasillos del Parlamento, Milagrosa Martínez, del PP, advirtió que no tiene intención de decir "nada más" porque el asunto está sub judice. El asunto es el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política de la democracia española. Y, aunque ella misma se autoabsuelva de forma expeditiva, la Fiscalía Anticorrupción considera que pudo cometer un delito de cohecho cuando, a principios de 2006, aceptó como regalo de Orange Market un reloj de 2.400 euros poco después de haberle otorgado por segunda vez el contrato del pabellón valenciano en la feria Fitur y de haber contratado a dedo en varias ocasiones a la empresa de Álvaro Pérez, cabeza en Valencia de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión.

Blasco: "Ninguna institución valenciana es parte en el 'caso Gürtel"

No es la primera vez que Milagrosa Martínez interpreta la legalidad a su manera en su ejecutoria como cargo público. De hecho, en 2005, año en que la trama, con la adjudicación del pabellón en Fitur, abrió una línea que le reportaría la mayor parte de los 7,1 millones de euros que, hasta ahora, se sabe que ha logrado de la Generalitat, adjudicó a dedo al menos tres contratos a empresas de la red de Correa, dos a Orange Market por 119.000 y 30.000 euros y otro a Easy Concept, también por 30.000 euros. Y no sólo eso, sino que reconoció por escrito, cuando las empresas pasaron las facturas al cobro, que "las obligaciones contraídas" se adquirieron "sin que se cumpliesen los trámites que exige" la ley de contratos, pese a lo cual consideró que "no existen indicios de responsabilidad por no haberse seguido el procedimiento establecido", concluyó que no procedía "la apertura formal de expediente" y ordenó pagar con cargo a la Agència Valenciana de Turisme. En aquella ocasión, Isabel Villalonga, entonces subsecretaria de la Consejería de Turismo, puso pegas a que Orange Market cobrara las facturas. Villalonga, en su condición actual de abogada general de la Generalitat, ha sido la encargada de remitir al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la relación completa de contratos de la Administración autonómica con las empresas de la red de corrupción. En esa relación, curiosamente, Villalonga ha omitido adjuntar al menos cuatro facturas de Orange Market correspondientes al pabellón de Fitur del año 2006, cuando ella misma era subsecretaria del departamento que tuvo relación con la empresa de Álvaro Pérez.

Pese a las múltiples revelaciones que el levantamiento del secreto ha deparado, como la del papel de Milagrosa Martínez en las relaciones ventajistas de la trama corrupta con el Consell que preside Francisco Camps, al portavoz del PP en las Cortes y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, le parece, según declaró ayer, que se ha ratificado que el funcionamiento de la Administración autonómica "ha sido conforme a ley" y que ninguna institución valenciana "es parte en el caso Gürtel".

Luna: "Hay al menos un papel con su firma"

"Tarde o temprano tendrá que dar explicaciones", pronosticó Ángel Luna a la presidenta de las Cortes. El portavoz socialista, convertido en bestia negra del PP, que le "reprueba" en un escrito tramitado ayer por la Mesa del Parlamento porque esgrimió en el pleno uno de los informes policiales del caso Gürtel, dijo que el sumario demuestra que "ha habido actuaciones muy alejadas de la legalidad". Y citó el documento en que Milagrosa Martínez autoriza al pago de contratos a dedo con Orange Market en 2005. "Hay al menos un papel con su firma, donde reconoce que ha realizado una contratación al margen de la legalidad y permite que se paguen 30.000 euros a alguien que se supone que ha hecho unos trabajos pero que no ha pasado por ningún procedimiento de contratación", añadió el diputado.

El documento, en efecto, se refiere a Orange Market, pero no sólo corresponde a una factura de 30.000 euros, sino también a otra de 119.035 euros. Luna insistió ayer en que "de legalidad, nada. Otra cosa es que haya cosas que han prescrito". Ese es el motivo por el cual, según el portavoz del PSPV-PSOE, se mantienen ocultos los contratos de la Generalitat por los que reiteradamente pregunta su grupo parlamentario.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, anunció ayer al término de la Junta de Síndics que su grupo ha solicitado la constitución de una comisión de investigación de las relaciones de distintos altos cargos de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel. Morera alegó que el levantamiento del secreto del sumario permite constituir una comisión para que los ciudadanos sepan qué ha pasado. La investigación, que según el diputado incluiría también a la presidenta del Parlamento, serviría para dar "más transparencia" a unas Cortes "muy devaluadas" después de que se haya revelado que "se utilizaron recursos públicos para financiar irregularmente la campaña del PP".

El socialista Luna se mostró escéptico con la propuesta de una comisión y recordó cómo el PP abrió una comisión sobre el accidente del metro que se cobró 43 vidas en 2006 "y le dio carpetazo en una semana". Los socialistas tienen intención de mantener su presión para que Camps y el PP rindan cuentas de la trama de corrupción. "Se van a tener que poner colorados muchas más veces en esta Cámara", sentenció.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de abril de 2010

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