Un juez cita al alcalde de Alhaurín por la anulación de una licencia

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, tendrán que comparecer el próximo día 29 ante un juez de Coín que investiga si pudieron incurrir en prevaricación al declarar extinguido el derecho a edificar a un conocido empresario local que había obtenido licencia para construir un edificio de viviendas y un centro comercial cuando se encontraban en plenas obras.

El constructor, José Ortuño, puso una querella por prevaricación cuando, una vez levantado el secreto de sumario del caso Troya, se conocieron las grabaciones de unas conversaciones telefónicas entre el alcalde y su concejal de Urbanismo que, supuestamente, evidenciarían que hubo una actuación arbitraria y premeditada contra él.

En una de estas conversaciones, Martín Serón llegó a decir: "El tema yo creo que es, que ese tío hay que sacarle a subasta las dos obras". Y agregaba: "Hay que ir a por él, ¿me entiendes?".

El alcalde de Alhaurín y el concejal de Urbanismo están procesados en el caso Troya por el presunto cobro de comisiones a empresarios locales a cambio de trato de favor en decisiones urbanísticas. El fiscal pide una pena de cuatro años y medio de prisión para el alcalde por cohecho y prevaricación y de siete años y medio para Guerra por los mismos delitos y contra la ordenación del territorio.

El empresario ya recurrió en la vía de lo contencioso administrativo contra los dos decretos de extinción de las licencias de obras y en ambos ganó los pleitos al declarar los tribunales nula la decisión municipal. En uno de ellos, la sentencia del juzgado de lo contencioso ya ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), mientras que en el otro la resolución en primera instancia se encuentra recurrida por el Consistorio.

La defensa del alcalde solicitó la nulidad de la actuación penal abierta en el juzgado número 1 de Coín alegando, entre otras razones, que las conversaciones telefónicas en las que se basa la querella deben ser anuladas porque se han obtenido por una violación del secreto de sumario.

Pero el juez ha desestimado todas las alegaciones y continuará las actuaciones porque "entendiendo que existen razones para investigar los hechos que se imputan, y sin perjuicio de lo que pueda resultar de la necesaria y oportuna investigación, procede continuar con la tramitación de las presentes diligencias". En la providencia en la que cita a declarar al alcalde y al concejal de Urbanismo, el juez considera que la existencia de una sentencia de lo contencioso que anula la decisión municipal "obliga a investigar" la posible "creación ex post" del expediente administrativo.