El decreto de Autoridad del Profesor choca con el orden jurídico vigente
La Confederación de Padres Gonzalo Anaya pide la retirada del anteproyecto
El proyecto de ley de Autoridad del Profesor -la primera ley educativa que redacta el PP en 15 años al frente del Consell- es de "dudosa compatibilidad con el ordenamiento jurídico vigente", además de que "todas las medidas de carácter coercitivo son absolutamente innecesarias e ineficaces", sostiene el informe de alegaciones presentado por la Confederación de Padres de alumnos Gonzalo Anaya en la comisión de proyectos legislativos del Consejo Escolar Valenciano, donde más de la mitad de los miembros solicitó la retirada del borrador y la redacción de un nuevo texto. El proyecto, al final, ha salido adelante sólo con el voto de la Administración, ya que los consejeros sociales se plantaron en la última votación.
La confederación de padres reitera a la Generalitat que las votaciones y los argumentos presentados son suficientes para que el anteproyecto de ley no siga su tramitación parlamentaria.
El principal argumento contra esta redacción es que "el derecho fundamental de un alumno para no declararse culpable" y "la presunción de veracidad" y de "inocencia" entran colisión con las leyes procesales civiles y criminales del Estado y los tribunales internacionales de Derechos Humanos. "Todos, menos la Consejería de Educación y el Gobierno valenciano cumplirán con este derecho, si el proyecto de ley sale adelante", esgrime el informe de la Gonzalo Anaya.
La confederación de padres de alumnos de la enseñanza pública también critica que el anteproyecto "pretenda justificarse con una supuesta situación de deterioro grave de la convivencia escolar", cuando sus propios informes tanto del Defensor del Pueblo como del Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (Idea) concluyen que hay una "alarma social injustificada" respecto de la violencia escolar.
Según el informe de Idea, "el 80% de alumnos cree que los profesores mantienen el orden en la clase" y "el 90% afirma sentirse bien en su centro y con sus amigos". Respecto a la percepción que tienen los docentes, el mismo informe aportado por la consejería, dice: "También, la gran mayoría de los profesores se sienten satisfechos con el clima de convivencia en sus centros, incluso en porcentajes superiores a los de los alumnos".
Incluso, el Defensor del Pueblo considera que "los resultados en comparación con el informe del año 2000 permiten afirmar que el panorama de maltrato entre igual por abuso de poder ha mejorado estos años".
La confederación piensa que no es más que una "operación de propaganda" con "coste cero" y que, en realidad, lo que hacen falta son medidas preventivas en coordinación con las familias, una disminución de la ratio alumno/profesor por aula y más profesores y recursos de apoyo para los casos conductuales conflictivos.
Unidades para segregar
La gran mayoría de niños afectados por trastornos de personalidad o de conducta ya vienen diagnosticados y atendidos por el sistema público de salud, a través de las Unidades de Salud Mental Infantil (USMI). "En ellas están integrados psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y otros profesionales altamente cualificados en el estudio y tratamiento de esos trastornos", advierte otro informe de enmiendas de la Confederación de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya hechas al anteproyecto de ley de necesidades educativas especiales, que está negociando la Consejería de Educación y que ha levantado ampollas respecto a la creación de "unidades específicas" para alumnos con estos trastornos dentro de los colegios e institutos ordinarios. Esta fórmula, no obstante, está en vigor por decreto de la Generalitat desde 1998 y en la actualidad hay 73 unidades distribuidas en determinados colegios. Aunque no se ha hecho extensible a los institutos.
La confederación apuesta por "estrechar la coordinación entre las USMI y los Servicios Psicopedagógicos de los centros escolares, en vez de la propuesta de crear nuevas unidades psicopedagógicas dependientes de la Consejería de Educación para pautar a los alumnos afectados.
La Administración sostiene que esas unidades servirían para "investigar" y tener "especialistas" destinados a los casos más difíciles como esquizofrenia o autismo. La confederación, por su parte, cree que es ejercicio "inútil y despilfarrador con el dinero público"
Principales poblemas escolares, según informe Talis de la OCDE
- Tiempo destinado a poner orden en clase. El Informe español Talis 2009 (dentro de la Encuesta Internacional de la OCDE sobre docencia y aprendizaje) revela que "los profesores españoles pierden una media del 15% de su tiempo en poner orden en clase". Y apunta que los puntos de vista y opiniones de los profesores y directivos son relevantes, pero "apreciaciones muy subjetivas".
- Tiempo destinado a tareas administrativas. El mismo informe, por el contrario, sostiene que los profesores "emplean el 10% de su tiempo de clase en tareas administrativas, lo cual va en detrimento de la actividad lectiva". El informe advierte de que "la proporción entre el número de profesores y personal administrativo es de uno por cada ocho profesores", dentro de la media de la OCDE.
- Proporción profesores y personal de apoyo pedagógico. El estudio internacional de la OCDE sostiene que la relación entre profesores y personal de apoyo es "más desigual" en España. "La proporción media en España, Italia y Bélgica se aproxima a 1 profesor de apoyo por cada 20 docentes, mientras que la media de la OCDE es de uno por cada 14 profesores y en los países nórdicos, con mejores resultados académicos, está en un personal de apoyo cada siete docentes".
- Clases dinámicas o memorísticas La experiencia pone de manifiesto que en los países donde son más frecuentes los planteamientos constructivistas hay un clima de aula más positivo y una disciplina mayor. En contraste, los países donde prevalece la transmisión directa del conocimiento hay un clima menos positivo. Esto se da en España, Bélgica, Noruega, Portugal y Polonia
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