Griñán recorta un 10% los altos cargos de la Junta en un año

Al comienzo de esta legislatura, el número de altos cargos de la Junta de Andalucía ascendía a 316. En el primer Gobierno de José Antonio Griñán se suprimieron 17 centros directivos y ahora, al año de nombrar a su segundo equipo, van a caer una cifra similar. "Habrá una reducción de un 10% de los altos cargos", estimó la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, en su estreno como portavoz tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Desde que fue elegido presidente de la Junta de Andalucía, el adelgazamiento y la reforma de la Administración autonómica forma parte del paisaje argumental de Griñán, cuyo objetivo es contar con una Administración periférica más eficaz, donde se tomen decisiones que ahora se adoptan en los servicios centrales en Sevilla.

"En el debate de la reducción hay un matiz engañoso y demagógico"

Su meta es reducir a la mitad el número de delegados provinciales, una vez que las llamadas leyes locales -que implicarán la cesión de competencias a los municipios-, se desarrollen. En la reunión del Consejo de Gobierno de ayer se acordaron los ceses de los ocho delegados provinciales de la desaparecida Consejería de Justicia y Administración Pública, mientras que los ocho de la extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio pasarán por la guillotina del BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) el martes próximo.

Los 112 delegados provinciales, tras la supresión de estas dos consejerías, se han quedado en 96. Mar Moreno cerró todas las puertas a que los responsables provinciales de Justicia, competencias ahora adscritas a Gobernación, figuren como altos cargos aunque con otra denominación distinta de la de delegado. "La reducción en las provincias va a ser mimética a la del Gobierno andaluz", subrayó la portavoz.

Otra cosa es que en la delegaciones del Gobierno de la Junta haya responsables que se encarguen directamente de las competencias de Justicia, como reconoció días atrás el consejero de Gobernación, Luis Pizarro.El próximo martes está previsto que el grueso de los consejeros termine de plantear las reformas de estructuras de sus departamentos y será entonces cuando se podrá determinar con exactitud cuántos puestos se han reducido. A los 17 centros directivos suprimidos hace un año -lo que suponía un ahorro de 1,3 millones de euros, según datos de la Junta- hay que añadir por ahora dos consejeros, dos viceconsejeros y 16 delegados provinciales menos. En total, 37.

La consejera de la Presidencia explicó que este adelgazamiento no es un hecho decidido al tuntún. "No se trata de reducir cargos por reducir, sino de tener una organización adecuada en cada momento", aseguró. "Por sí mismo no es un dato el hecho de que se reduzcan cargos públicos, sino que se adecuan a las necesidades del Gobierno, poniendo siempre en valor que el ejercicio de las responsabilidades políticas es algo absolutamente útil para la sociedad", añadió.

Mar Moreno afirmó que en el debate político sobre la reducción de altos cargos "hay un matiz engañoso y demagógico", cuando se le pide a Andalucía, con ocho millones de habitantes y 13 consejerías, que cuente con los mismos consejeros que La Rioja (10), que tiene una población de 300.000 y un territorio que es la mitad de la provincia de Huelva.

A preguntas de los periodistas, la consejera de la Presidencia aseguró que entre los objetivos del Gobierno de José Antonio Griñán está el de impulsar "una línea de mejora en las empresas públicas" sin concretar en qué sentido. Ese será uno de los cometidos de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Moreno destacó el control que existe sobre las empresas públicas, tras la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo un decreto de la Junta permitiendo la privatización de algunas acciones que hasta entonces recaían en funcionarios. En su opinión, el fallo no implica un cuestionamiento en el proceder de la empresa pública.

El Consejo de Gobierno aprobó la nueva estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, que seguirá contando con los nueve altos cargos que tenía. La secretaría general de la Oficina del Portavoz, que tenía rango de viceconsejería, pasa a ser una dirección general. Un camino inverso recorre la dirección del gabinete de la Presidencia, a cargo de Rosa Castillejo, que pasa a ser secretaría general y asume competencias en protocolo y comunicación del presidente de la Junta. Conserva el mismo rango de viceconsejería que tenía. Moreno quiere dar un giro a la Oficina del Portavoz más enfocada como "servicio público".