El retiro en las torres de los controladores se fijará a los 57 años
Los controladores aéreos dejarán de prestar servicios en las torres de control a los 57 años (la misma que en otros países como EE UU), cuando pasarán a puestos que no conlleven funciones operativas o bien a la situación de reserva activa hasta la jubilación forzosa a los 65 años, según el texto legal que hoy aprueba la Comisión de Fomento del Congreso para enviar al Senado.
La tramitación del decreto ley del 5 de febrero que regula las condiciones de trabajo de los controladores como proyecto de ley ha supuesto la inclusión de diversas enmiendas de los grupos políticos (se presentaron 111) sobre todo de CiU y Coalición Canaria. Por ejemplo, el número de horas máximas que trabajen los controladores este año se queda en 1.670, al restarse de las 1.750 señaladas en el decreto las 80 horas extraordinarias voluntarias que marca como límite el Estatuto de los Trabajadores.
En el proyecto de ley se introducen numerosas alusiones a la negociación del nuevo convenio colectivo, por ejemplo en lo que se refiere a la remuneración de los profesionales. Se establece que se actualizará el salario base establecido en el convenio de 1999 según lo establecido en los Presupuestos para el personal del sector público, si bien acepta que se negocie un complemento personal transitorio y no absorbible por adaptación a la nueva jornada para los controladores empleados de la empresa pública AENA.
Integración de tasas
Además, el proyecto de ley introduce la integración de la tasa de aproximación y de aterrizaje en los aeropuertos de AENA y el informe previo de las comunidades autónomas en la designación por Fomento de proveedores de servicios de tránsito aéreo en los aeropuertos de competencia autonómica.
A este respecto, el PP presentó, sin éxito, una enmienda para eliminar del proyecto de ley la privatización de los servicios de navegación que "son estratégicos para España" y que considera que necesita una ley ad hoc. El portavoz socialista de Fomento, Rafael Simancas, explica que pese a que hay buena sintonía con los populares en la Comisión, se considera indispensable la externalización del servicio de tránsito aéreo para lograr "el objetivo del Gobierno de recuperar la organización del trabajo" de los controladores y rebajar el coste del servicio.
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