El acto energético y el lío de Iberdrola

En los cenáculos madrileños corre cada vez con más frecuencia una maldad atribuida indistintamente a veteranos políticos de todos los colores, críticos con la labor de sus sucesores correligionarios. Dice lo siguiente: "Nunca se había producido la triple coincidencia de una crisis tan profunda con una incapacidad manifiesta del Gobierno y la mayor incapacidad de la oposición". Son cosas del patio político que sobresalen en tiempos de zozobra y dan lugar a preocupaciones empresariales y campañas como estosololoarreglamosentretodos.org.

En todo caso, el Gobierno ha reaccionado y negocia pactos con el resto de grupos. El pasado miércoles, el Gabinete de crisis gubernamental, formado por la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y los ministros José Blanco y Miguel Sebastián, tuvo su primera reunión con el equipo económico del PP (Cristóbal Montoro, Álvaro Nadal y Fátima Báñez), pero no hubo sorpresa. Es decir, no hubo acuerdo global; aunque se abrió la puerta a sectoriales. Y uno de los campos en el que es urgente -no el único- es el de la energía, en el que desde hace tiempo se pide un pacto de Estado.

Sin ir más lejos, el mismo día en que se producía esa reunión el presidente de

E.ON España, Miguel Antoñanzas, reclamaba en el Congreso de los Diputados un marco regulatorio estable. No es el primero que lo pide, ni será el último. Desde hace tiempo se reivindica un mix energético que combine todas las fuentes y logre la mayor eficiencia posible. Todo eso mientras tomaban impulso las energías renovables y se intensificaba el debate sobre la energía nuclear, que ha encontrado un defensor inesperado en el ex presidente Felipe González, que fue quien la paralizó en 1983. Pero eran otros tiempos.

El pacto energético es una asignatura pendiente desde hace años. El sector ha pasado por un Plan Energético Nacional (PEN) que determinó el parón nuclear nada más llegar los socialistas (González) al poder; un marco legal y estable que trató de modernizar años más tarde el sector eléctrico, y otro no tan estable que posteriormente quiso hacer el PP. Al final, resultó un déficit tarifario de enormes proporciones.

En paralelo, se produjeron fusiones y cambios accionariales que dieron lugar al mapa sectorial actual, que pudo haber sido distinto si el Gobierno del PP no aborta la guinda que habría sido la fusión entre Iberdrola y Endesa, primero, o, posteriormente, triunfa el intento de Gas Natural de adquirir Endesa. A la larga fue la italiana Enel la que se quedó con la antigua eléctrica pública dejando algunos activos para la alemana E.ON.

Al hilo de esto también ha destacado en los foros el rechazo de Iberdrola a la entrada en su Consejo de Administración de ACS, su principal accionista con el 12% del capital. El asunto cobra actualidad ante la inminente junta general de accionistas de la eléctrica el día 26 de marzo, que debe aprobar si continúa el veto o no a la presencia de la constructora.

La insistencia de ACS en que se reconozca su posición con la representación que le corresponde -al menos un miembro- ha acelerado el pulso de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, que sigue instalado en su trinchera. En los últimos días ha dedicado gran parte de su tiempo a recabar el apoyo del resto de accionistas, principalmente de la

BBK, con el 7,5%, Bancaja (6%) y Unicaja (2%). Ninguno de los presidentes de estas cajas (Mario Fernández, José Luis Oliva y Braulio Medel) pone en cuestión la gestión de Sánchez Galán, quien, sin embargo, tiene muy difícil convencerles de que no reconozcan el derecho a estar en el Consejo a un accionista que acredita un capital suficiente, como parece ser el caso de la empresa que preside Florentino Pérez.

Sánchez Galán rechazó su presencia desde el momento en que la constructora comenzó a comprar acciones. Entonces alegó que ACS era el principal accionista de Unión Fenosa, en la que llegó a tener el 45%, lo que evidentemente hacía incompatible su presencia en el órgano de administración de una competidora. Una vez vendida Fenosa a Gas Natural, aquellos impedimentos ya no existen; pero Galán sostiene ahora que ACS tiene negocios de renovables a través de Dragados. Es verdad, pero son una parte no significativa en el negocio de la empresa que no impediría su presencia en el Consejo o podría solventarse con su abstención. -