El Guadalquivir doblega al urbanismo

El pasado jueves, mientras los vecinos Andújar (Jaén) contemplaban desolados e impotentes la espectacular crecida del río Guadalquivir, que sepultó el poblado de colonización de Llanos del Sotillo, una emisora local recordaba que ese día se cumplían 47 años de la visita que el general Franco realizó al municipio para conocer las terribles inundaciones del invierno de 1963 y prometer una lluvia de ayudas estatales. De poco o nada sirvieron. En el verano de 1996, todas las vegas del Guadalquivir volvieron a inundarse, lo mismo que ha ocurrido ahora, 14 años después.

Pero las inundaciones cíclicas en Andújar no son un caso aislado. La mayoría de las viviendas anegadas en el que ha sido el febrero más lluvioso del último medio siglo -las precipitaciones en toda la cuenca del Guadalquivir han triplicado la media habitual- ya volvieron a sufrir inundaciones años atrás.

La Administración estima que hay 3.000 casas ilegales en los cauces

En 1996 las vegas se inundaron, lo mismo ha pasado ahora

Llueve sobre mojado, por tanto, sin que nada o nadie pueda evitarlo. Pero es que, además, hay otro elemento que identifica a la mayor parte de los centenares de inmuebles que han tenido que ser desalojados esta semana: estaban construidos fuera de ordenación urbana. El Guadalquivir ha doblegado una vez más al urbanismo ilegal, porque como dijo el pasado viernes el presidente andaluz, José Antonio Griñán, "el río tiene su título de propiedad y en cualquier momento puede llegar y decir esto es mío".

Ocurrió la semana pasada con cerca de un centenar de viviendas junto al río Guadalete de Jerez, y se ha repetido esta semana con las más de 1.600 viviendas de Los Puentes en Jaén, otras 250 junto al aeropuerto de Córdoba y una veintena el Lora del Río, entre otras. Pero no son las únicas. El Observatorio Provincial de Sostenibilidad de la Diputación de Málaga ha cifrado en un millar las viviendas construidas ilegalmente en los márgenes de ríos y afluentes, pero sólo en los municipios de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Granda y Cártama. De este modo, a falta de un censo oficial que recoja las viviendas junto a los cauces, ya hay más de 3.000 viviendas donde la propia Administración reconoce su ilegalidad. Y eso sin contar con los 8.400 expedientes por viviendas ilegales (en este caso fuera de las zonas inundables) que ha tramitado la Consejería de Vivienda, la mayoría desde que en 2005 se creó el cuerpo de inspectores. Todas esas viviendas están dentro del mapa de puntos negros por inundación que la Junta de Andalucía elaboró como anexo al Plan de Prevención de Avenidas. En total, en ese inventario hay 1.099 puntos de riesgo que afectan a unos 400 municipios, de los que 115 son de riesgo máximo al estar en juego vidas humanas.

La cuenca del Guadalquivir concentra casi la mitad de esas zonas inundables. "Es una foto fija que ya se repitió en 1996 y que debe ser tenida en cuenta", admite el director de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua, que ha encargado una actualización y revisión de este plan, muy criticado esta semana por el Partido Popular.

"Ha existido y existe negligencia por parte de los ayuntamientos por permitir construir en zonas inundables y también de los organismos de cuenca por haberlo permitido", subraya Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, una organización que tiene cuantificadas 25.000 casas en toda España en puntos inundables.

Andalucía es una de las regiones europeas que más soporta el impacto de las inundaciones. De hecho, según un estudio recogido en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de la Junta de Andalucía, la densidad territorial de las avenidas históricas registradas en los últimos 500 años es un 62% mayor que la media nacional, y un 12% mayor la densidad de las zonas de riesgo. Y las pérdidas económicas per cápita en Andalucía son hasta un 111% mayores que la nacional, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la región.