La melé de las cajas y el lío manchego

Dio la sensación, a juzgar por las palabras de Juan Ramón Quintás el miércoles, que el patio de las cajas de ahorros está cada vez más revuelto. El todavía presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) lanzó un discurso en el que arremetió contra el Banco de España (BE) ("parece que quiere fusionar cuantas más cajas mejor sin tener muy en cuenta los aspectos de eficiencia") y, de paso, contra el Gobierno ("nos inquieta la actitud con que atiende nuestras peticiones"). Y remató: "Nos dicen que corramos y nos atan los pies".

Las palabras de Quintás no son a humo de pajas. La melé de cajas es morrocotuda. Los procesos de fusiones, iniciados el verano, apenas han fraguado porque se encuentran impedimentos, principalmente políticos por la resistencia de las comunidades autónomas a perder poder. A estas alturas todavía no está muy claro qué operaciones de fusión van a cristalizar ni cuál será el mapa futuro del sector.

La reconversión tiene varios frentes abiertos, aunque el más polémico es el de la compra de Caja Castilla La Mancha (CCM) por parte de CajAstur a través del banco Liberta (quedaría el 75% en poder de CajAstur y el 25% de CCM una vez segregados activos). El protocolo fue firmado el 5 de febrero entre el BE y la caja asturiana, pero con la ausencia llamativa de los administradores de CCM, Xabier Alkorta y Gorka Larrondo, colocados por el BE.

La verdad es que este asunto se envenenó desde que a finales de marzo de 2009 fue intervenida la caja por la institución gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) y en este momento tiene muchas mechas encendidas. Uno de los fuegos está en Bruselas, que ha puesto pegas a la operación. La Comisión, que ya cuestionó el FROB sin recordar que el periodo de ayudas era hasta julio, ha pedido detalles al BE sobre el dinero que aporta el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) al entender que son ayudas públicas y no privadas que aportan las cajas y el propio BE. Parece todo aclarado y dan por superado este obstáculo.

Pero ha servido de acicate al PP para volver a agitar la operación. Empezó diciendo que era un fraude de ley y ahora sigue viendo muchas sombras. "¿Por qué este regalito a CajAstur? ¿por qué se intervino CCM cuando había siete cajas en igual situación?", se preguntan. "Por la debilidad de

José María Barreda [presidente de Castilla La Mancha]", se contestan.

El PP parece aplicar la política de "cuanto peor, mejor", pensando en los réditos políticos en la región, cuyo gobierno quiere quitar al PSOE, más que en los económicos sin reparar

que la alternativa es la liquidación o, como dicen fuentes implicadas, "la trituradora". Es decir, los servicios centrales desaparecerían y el resto de activos y los empleados se dispersarían entre diversos compradores, si los hubiere. El propio MAFO se lo ha dicho a María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido y dirigente manchega, que es consciente de que tiene escaso margen de maniobra.

El entorno de la caja manchega es un hervidero. Todo queda pendiente, en cualquier caso, de la asamblea de la caja que debe aprobar la operación. Según los estatutos, se requiere las dos terceras partes de los asistentes siempre y cuando éstos superen el 50% del total de los 150 representantes. Están repartidos entre impositores (45), ayuntamientos (33), Cortes (29), organismos no públicos (18), empleados (13) y entidades fundadoras (12).

El cruce de adhesiones hace muy difícil aventurar el sentido del voto; pero todos coinciden en destacar que los sindicatos se convierten en clave, por sus votos directos y los que controlan indirectamente. Pero ese voto va a depender de que se garantice el empleo y no haya medidas traumáticas y unilaterales en el futuro. Así se lo han hecho saber al presidente de CajAstur, Manuel Menéndez, los representantes sindicales Carlos Jiménez (UGT) y Fernando Botica (CC OO).

CajAstur, mientras tanto, ha seguido haciendo sus deberes con la previsión de desembarcar con todo el equipo a partir del 1 de junio, una vez que se hayan resuelto todos los trámites: auditoría, segregación, asamblea, junta de Liberta, así como el informe de la Comisión de la Competencia. El resto del proceso está en el tejado de CCM.