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Una empresa pide el embargo de la sede de la NASA en España

El abogado de la empresa malagueña Montasa, Enrique Sierra, ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia 1 de Rota (Cádiz) una solicitud de embargo de las instalaciones aeroespaciales de Robledo de Chavela (Madrid), que gestionan el INTA español y la NASA norteamericana con el fin dar cumplimiento una sentencia que reconoce que el gobierno de EE UU no abonó en su totalidad las obras ejecutadas en 1999 por la compañía andaluza en la zona americana de la Base Naval de Rota. Montasa reclama el pago de 921.000 euros por la obra desarrollada, más 480.000 euros correspondientes a los intereses de demora y las costas.

En su escrito de súplica, el representante de la constructora hace referencia al conjunto de antenas (siete en total, incluyendo la gran parabólica de 70 metros de diámetro), los equipos de transmisión y de control de antenas, así como la unidad de proceso de datos, entre otros. Se trata, según reconoce el artículo 11 del convenio de colaboración hispano-norteamericano para el uso conjunto de Robledo de Chavela, de "equipos propiedad del gobierno de Estados Unidos".

Segundo intento

Es la segunda ocasión en la que la constructora reclama el embargo de bienes norteamericanos en suelo español. En 2003 solicitó el embargo de las instalaciones del Navy Exchange, el departamento de suministros de la Navy en la base naval de Rota. En aquella ocasión, la petición fue desestimada argumentando que, al tratarse de instrumentos militares afectos a la defensa nacional, son inembargables. EE UU alegó en aquel momento "inmunidad de ejecución", un concepto que impide la acción judicial ordinaria sobre bienes de la defensa de un país depositados en otro. "Ahora reclamamos bienes de uso científico", explicó el abogado.

Sierra dijo haber recibido respuesta de la embajada norteamericana a su reclamación "incluso antes de que el juzgado tome una resolución". La representación procesal del gobierno de EE UU en España presentó un escrito en el que manifiesta su oposición al embargo basándose en convenciones de colaboración internacional de Naciones Unidas que, dijo Sierra, "no están ratificadas por España". El abogado concluyó que "en cualquier caso, entendemos que no es la embajada norteamericana la capacitada para decidir si sus bienes son, o no, embargables". Se trata, dijo Sierra, de una medida "que corresponde al juez de Primera Instancia, que es quien está llevando la ejecución".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de febrero de 2010