Boicoteo policial a la 'grúa exprés'

Desde el pasado 1 de febrero, los operarios de la grúa municipal de Málaga, pertenecientes a una empresa de capital mixto público-privado, retiran vehículos mal aparcados sin la presencia en el lugar de la infracción de ningún agente de la Policía Local, como se hacía hasta ahora. Con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de Movilidad, los operarios de la grúa, empleados de la empresa sin rango de autoridad, fotografían al coche infractor y envían la imagen y los datos de la infracción al Centro Municipal de Emergencias. Allí, un agente de la Policía Local examina la imagen y autoriza, o no, el traslado.

Este sistema, implantado para mejorar la productividad -la recaudación- de la deficitaria empresa mixta Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, ha topado con un enemigo interno: el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN). Los dirigentes de esta central están promoviendo una campaña para que los ciudadanos recurran la retirada de vehículos de la grúa exprés, al considerar que vulnera la ley. Incluso han redactado un pliego de reclamaciones y lo han colgado en su página de Internet.

El Ayuntamiento dice que los jueces ya han avalado el nuevo sistema

"La nueva ordenanza se salta a la torera las garantías del proceso sancionador", asegura Manuel Troyano, secretario general de SIP-AN. El reglamento de sanciones de tráfico establece que "cualquier persona" podrá denunciar infracciones y que luego la autoridad competente abrirá el expediente sancionador.

"Esto está pensado para particulares afectados o perjudicados por infracciones, no para unos operarios cuyo salario está vinculado a unos objetivos de productividad", dice Troyano.

Es decir, que cuantos más coches retiren de la vía pública más ganan. En 2008, la empresa presentaba un déficit de 454.917 euros. De momento, se está retirando una media de 20 o 25 coches diarios, cifra similar a la registrada con el viejo sistema.

Si se acepta que el gruísta, como cualquier persona, puede denunciar la infracción, el reglamento establece que deben formular la denuncia verbalmente "ante los agentes de vigilancia del tráfico más cercanos al lugar del hecho". Estos, a su vez, deberán formalizar el boletín de denuncia y hacer constar "si personalmente comprobó o no la infracción denunciada". "La validación mediante fotografías y medios telemáticos infringe el procedimiento administrativo sancionador y anula todo el proceso", afirma Troyano.

La ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad permite a los municipios de gran población crear un cuerpo de funcionarios para ordenar, señalizar y dirigir el tráfico, al margen de la Policía Local, pero con consideración de agentes de la autoridad. Los empleados de la grúa de Málaga no son funcionarios, como sí sucede con los agentes de movilidad de Madrid o Barcelona.

El área de Seguridad del Ayuntamiento afirma que existen sentencias que avalan la utilización de la grúa exprés y asegura que siguen siendo policías locales quienes levantan acta, abren expediente sancionador y autorizan la retirada de vehículos.