Intervenida la inmobiliaria de Alcampo para pagar a Llanera

Un juez intervino ayer Inmochán, la inmobiliaria de la multinacional francesa Alcampo, para forzarle a pagar 20,2 millones de euros (más otros seis millones por intereses y costas) a Llanera. Inmochán debe pagar esa cantidad por un hipermercado que encargó a Llanera y que ésta es incapaz de levantar, al menos a corto plazo. Y no lo puede construir, entre otras cosas, porque la operación en la que se integraba, el polémico PAI (Plan de Acción Integrada) de Nou Mil·leni (que preveía hacer 13.000 viviendas en Catarroja), se halla suspendido por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La constitución de la administración judicial sobre Inmochán fue ordenada por el juez de lo Mercantil número 2 de Valencia en cumplimiento de una sentencia previa (del 1 de julio de 2009) que estableció la obligación de la empresa de raíz francesa de seguir pagando por el hipermercado a pesar de las dudas que pudieran existir sobre la capacidad de Llanera para edificarlo.

Llanera, con sede en Xàtiva, fue la primera gran inmobiliaria española en suspender pagos. Lo hizo en octubre de 2007, cuando el pinchazo de la gigantesca burbuja del sector sólo empezaba a intuirse. Después de aquello, Inmochán intentó romper el contrato que la unía a Llanera desde finales de 2006 y llegó a denunciarla por estafa.

Batalla judicial

La filial de Alcampo (Auchan, en francés) acusó a Llanera de no disponer del suelo sobre el que se había comprometido a levantar el hipermercado, y de saber de antemano que sus problemas financieros hacían muy difícil que pudiera cumplir con su parte del acuerdo.

Al margen de aquella denuncia, que aún no se ha resuelto, Inmochán intentó dejar de pagar a Llanera alegando la existencia de una cláusula de salvaguarda en el contrato entre ambas. En ella se señalaba que, en el caso de que a finales de 2008 no se hubiera reparcelado el suelo del macroproyecto de Nou Mil·leni (y eso no había ocurrido) Inmochán podría exigir a otra inmobiliaria de la familia Gallego (dueños de Llanera) que le comprase su participación en el proyecto. La justicia lo rechazó. Y rechazó también la querella por prevaricación que Inmochán presentó contra el juez que instruyó la suspensión de pagos (concurso de acreedores) de Llanera. La empresa valenciana salió de la suspensión a finales de 2009.