Los constructores cargan contra los políticos y exigen otro mercado laboral

Eloy Durá, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), se sumó ayer al coro de representantes empresariales que exigen acuerdos a los grandes partidos políticos para salvar la actual situación económica, pero lo hizo con especial virulencia.

Durá aprovechó la gala anual de entrega de los premios que concede Fevec para cargar contra los políticos: "El Gobierno central y algunos autonómicos, con la aquiescencia de la mayoría de los grupos políticos, han gastado grandes cantidades en ayuda a diversos sectores y en distintos planes de actuación, con unos resultados no muy satisfactorios. El no ser valientes y no atacar los problemas en los cimientos, con un consenso de todos los partidos políticos o por lo menos los dos más importantes, nos lleva a la caída de la Bolsa, dificultad para colocar nuestra deuda, mayor paro, etcétera. No podemos seguir de brazos cruzados mientras nuestra economía se despeña".

Durá lamentó que no se haya impulsado ningún plan para favorecer la compra de vivienda, sobre todo de primera vivienda, que permita aliviar el stock de inmuebles a la venta. Exigió acuerdos de todas las administraciones y agentes sociales para "generar expectativas" y "recuperar la confianza" de los ciudadanos. Y para pactar una reforma del mercado laboral: "No proponemos recortes en los derechos de los trabajadores, sino cambios que permitan una mayor flexibilidad del mercado, que revitalicen un modelo obsoleto y que aumenten nuestra productividad".

En su discurso ante el consejero de Agua, Medio Ambiente y Vivienda, Juan Cotino, y ante el secretario autonómico de Industria, Bruno Broseta, Durá reclamó una reforma del sistema electoral para que "el ciudadano pueda llegar con más facilidad a sus representantes y votar a los que considere mejores"; exigió "la independencia de los distintos poderes, sobre todo del poder judicial, que no puede estar controlado por el Gobierno y los partidos políticos"; cargó contra el número de liberados sindicales; denunció "la insostenible situación de la Administración pública, que alarga de forma interminable cualquier mero trámite"; y requirió a todas las administraciones que "reduzcan sus gastos corrientes y se adapten a las circunstancias actuales".