El PSOE busca la alianza con IU para aprobar las leyes locales

Desde el mismo momento en que los socialistas empezaron a trabajar en serio, al principio de la legislatura, en la elaboración de los proyectos de ley de Autonomía Local de Andalucía y de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma las metas han sido dos: la de fijar unas reglas de juego claras en la relación entre la comunidad y los ayuntamientos y la de aprobar estos proyectos con el mayor consenso posible. Esos objetivos siguen vigentes, pero en el terreno del acuerdo el Gobierno andaluz cree que "hay más posibilidades" de pacto con Izquierda Unida que con el Partido Popular, según manifestó ayer el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, tras una primera ronda de contactos con la oposición. El PSOE quiere evitar por todos los medios que estas dos normas, que establece un paquete de 29 competencias propias de los ayuntamientos y una financiación incondicionada, vean sólo la luz con la mayoría absoluta con la que cuenta en el Parlamento. Pizarro se comprometió a "mejorar" ambos proyectos durante la tramitación parlamentaria, tal y como pidió la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Valderas reclama que la ley local regule el transfuguismo

La FAMP quiere que se aplique este año el fondo incondicionado

Pizarro convocó ayer a los portavoces de los tres grupos parlamentarios (socialista, popular e Izquierda Unida) a la Consejería de Gobernación para engrasar las relaciones políticas con vistas a la discusión parlamentaria de las dos leyes locales. El Gobierno considera que ha cumplido con su compromiso de redactar los dos proyectos y que es ahora el Parlamento al que le compete mejorarlas.

El consejero sostiene que la mayoría de las propuestas de la oposición y de la FAMP están incluidas en el texto, aunque se mostró abierto a modificaciones. "Reconozco que la FAMP quiere que se introduzcan mejoras en el texto, pero eso no significa un rechazo a los proyectos", dijo Pizarro. Aludía así a la crisis institucional desatada en el FAMP, en la que el presidente de esta institución, Francisco Toscano, amagó con dimitir, tras sentirse desautorizado por sus compañeros socialistas. Al final la polémica acabó con los alcaldes reiterando su "insatisfacción" con las dos leyes y reclamando mejoras.

Las peticiones de la FAMP se centran en el blindaje de sus competencias, regular las relaciones económicas con la comunidad, la creación de un Consejo de Gobierno local por el que pase cualquier decisión que afecte a los municipios y aplicar, una vez aprobada las leyes, a medianos de 2010, el fondo de financiación incondicionada. Según las previsiones de la Junta, este fondo ascenderá a 600 millones de euros en 2013 y su intención es aplicarlo el próximo año. El Gobierno andaluz considera una "línea roja" de la negociación la intención de que los ayuntamientos participen en la planificación de la Administración autonómica y que la ley se sitúe en un rango superior a otras normas, algo desaconsejado por el Consejo Consultivo, por la inseguridad jurídica que acarrearía.

Aunque en la reunión con el consejero, el secretario general del PP, Antonio Sanz, abogó por un amplio consenso, lo primero que solicitaron los populares es la retirada de las leyes, una petición que sitúa la negociación al borde del fracaso antes de su discusión parlamentaria. La portavoz del PP, Esperanza Oña, calificó de "engaño superlativo" la reunión con Luis Pizarro, una cita que, en su opinión, estuvo carente de contenido y que consistió en un "autobombo" de la Junta, según informa Efe.

Pero si los socialistas dan por descontado que el PP de Javier Arenas no dará su apoyo a estas leyes, cree que con IU sí hay posibilidades. En este camino han ido trabajando Francisco Toscano y el alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, desde la FAMP. El temor en el PSOE es que durante la tramitación parlamentaria las tesis de IU que se impongan sean las del diputado y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que considera más radicales.

El coordinador de IU, Diego Valderas, se mostró proclive al acuerdo tras la reunión con Pizarro, pero dicho esto planteó una petición de máximos, como la de que el fondo incondicionado de 600 millones de euros se aplique este año o que se incluya una regulación contra el transfuguismo, algo que afecta a la legislación estatal.

El socialista Manuel Gracia consideró que hay margen para el acuerdo, y criticó al PP por transitar por una "senda de hipocresía".