Un juez impone la primera condena por hacer grafitis
Multa a una joven por pintar en una carnicería de Granada
La pintada que una joven realizó sobre la fachada y la persiana de una carnicería de Granada el pasado 21 de enero le ha costado una condena por un delito de daños. Es la primera condena impuesta por un grafiti en Andalucía, según la Fiscalía Superior. La joven abonará 1.010 euros: 360 de multa y 650 de indemnización por los daños causados al propietario del establecimiento.
Agentes de la policía sorprendieron a la joven mientras escribía "Aquí se venden animales muertos. Aquí se comercia con cadáveres. Liberación animal". Por eso aceptó la condena por conformidad de las partes en el juicio rápido celebrado el pasado enero. La Fiscalía pedía inicialmente seis meses de multa que rebajó a cuatro, según consta en la sentencia, contra la que no cabe recurso. Que la pintada no fuera sobre un Bien de Interés Cultural ha propiciado que la pena sea menor.
Según los hechos que se consideran probados, la chica, de 21 años, pintó con un spray de color rojo sobre la fachada de la carnicería. Ayer quedaban aún restos de pintura, aunque su propietario, Adolfo Martínez, se apresuró a borrar la referencia a cadáveres y animales muertos. El carnicero reconoció que en esa zona, un barrio del centro de la capital, sufren desde hace años las pintadas, pero esta vez por el contenido de los textos le había perjudicado más.
La sentencia de un juzgado de Granada declara los hechos constitutivos de un delito de daños previsto en el Código Penal y se produce después de que el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, emitiera un decreto en el que pedía coordinación a las instituciones, fiscalías, policías y agentes de la Guardia Civil para unificar los criterios de actuación ante este tipo de daños.
El objetivo es, además de coordinar las decisiones, recoger en la estadística el alcance real de las pintadas en Andalucía y sobre todo las que afectan a Bienes de Interés Cultural, en los que las penas de prisión pueden alcanzar hasta los tres años por tratarse de delitos contra el patrimonio histórico.
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